Un proyecto de ley que busca frenar los “cobros compulsivos” del Crédito con Aval del Estado (CAE) e instalar un sistema de pago justo, transparente y humano, fue ingresado al Congreso por la diputada y subjefa del Comité PC, Ana María Gazmuri (Partido Acción Humanista). La iniciativa, que lleva por nombre “Ley Pago Justo del CAE”, busca beneficiar a más de 550 mil deudores a nivel nacional. La propuesta cuenta con un amplio apoyo transversal, sumando las firmas de parlamentarios de distintas bancadas.

Entre ellos figuran Carolina Cucumides (PS), Emilia Schneider (FA), Gustavo Gatica, Marcos Barraza, Bernardo Salinas (PC), Héctor Barría (DC) y Héctor Ulloa (PPD). El contexto para esta ley se agudizó el pasado 6 de abril, cuando la Tesorería General de la República (TGR) difundió información institucional donde reconoce que los convenios de pago exigen un pie inicial que oscila entre el 10%, 15% o 20% del total de la deuda. La misma institución admitió que este monto resulta “muy complejo de pagar para la mayoría de las familias en Chile”, pero aún así, llama a cumplir estas condiciones para acceder a convenios de hasta 24 cuotas.

Según los legisladores, el esquema actual del CAE es deficiente, ya que no evalúa la capacidad real de pago de las personas. Alertan que, si un deudor se atrasa por uno o dos meses debido a una emergencia, pierde el convenio y debe pagar un pie aún más alto para repactar, generando un ciclo de endeudamiento que no resuelve la situación. “Hoy día, en este escenario difícil en que vemos la grave afectación económica que sufre la familia chilena, recibimos un nuevo golpe con el inicio de cobros compulsivos de la deuda del CAE sin considerar la capacidad real de las familias.

Esto es injusto y abusivo”, señaló la diputada Gazmuri. La parlamentaria añadió que, si bien la condonación del CAE sería lo ideal, este proyecto surge como una respuesta urgente ante el cobro masivo e indiscriminado, buscando establecer límites y restricciones. “Frente a esta situación, transversalmente hemos presentado un proyecto de ley que se haga cargo de este problema.

Lo ideal para nosotros hubiera sido la condonación del CAE, pero ante este cobro masivo e indiscriminado, buscamos poner límites y restricciones”, agregó Gazmuri. La diputada Emilia Schneider (FA), integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, criticó duramente los cobros, vinculándolos con las políticas de gobierno. “Mientras a la gente le sube el costo de la vida por malas decisiones del gobierno de Kast, su ministro Quiroz anunció un cobro completamente abusivo del CAE, sin pensar en las y los deudores que no pueden pagarlo, porque la mayoría de ellos ganan menos de 750 mil pesos”, sostuvo Schneider.

Asimismo, Schneider enfatizó la necesidad de una solución de fondo. “Presentamos este proyecto y seguiremos buscando acciones que nos permitan aliviar la carga de las y los deudores. Pero no nos perdemos: la solución de fondo es clara, el CAE no hay que endurecerlo, hay que condonarlo y cambiarlo por un nuevo mecanismo de financiamiento”.

Gazmuri profundizó en las deficiencias de evaluar únicamente el ingreso nominal de las personas. “No basta con mirar el ingreso de una persona: la mayoría de los deudores tienen sueldos entre 550 mil y un millón de pesos, y además enfrentan cargas familiares, arriendos, créditos hipotecarios y vulnerabilidad laboral”, detalló. En ese sentido, calificó como “impresentable” exigir un pie del 10% y “hasta recomendar pedir un crédito de consumo para pagarlo”.

El proyecto, explicó la parlamentaria, busca ordenar y considerar estos factores socioeconómicos. Establece que la vía de cobro debe ser judicial y, en su artículo transitorio, suspende el cobro ejecutivo “para evitar un descalabro que se suma a la trágica situación que ya viven las familias chilenas”. Por su parte, la diputada Carolina Cucumides (PS) defendió la iniciativa desde una perspectiva de justicia social.

“Los chilenos que acudieron al CAE para poder sacar una carrera, muchos de ellos la primera generación de sus familias, sobre todo en zonas rurales y regiones, hoy día se ven amenazados en su vida íntegra”, declaró. La legisladora concluyó que la presión económica actual, agravada por el costo de la vida, suma una carga insostenible a las familias que intentan progresar a través de la educación.