La abogada, Adriana Navarro, informó sobre la situación de la ex agente de la DINA, Adriana Rivas, cuya extradición desde Australia está vigente, pese a los recursos legales que ha utilizado la imputada y que han demorado esa orden judicial. “Es un juicio entre Estados”, precisa la especialista, conversando en el programa Sin Fronteras de Radio Chile FM. Allí señaló que en el caso de Chile, “a través de la Corte Suprema se ha solicitado la extradición de Rivas, mientras que el Estado australiano representa al Estado de Chile en dicho país, frente a los tribunales y al ejecutivo”.

La abogada de origen chileno y que vive en Australia desde 1976 tras la expatriación de su familia, indica que la ex agente de la DINA tuvo directa participación en el centro de tortura y exterminio Simón Bolívar. En ese lugar, todos los detenidos y prisioneros fueron torturados salvajemente, asesinados y sus cuerpos hechos desaparecer por diversos métodos. “Muchos de los casos que vemos de allí, Conferencia I y II y el cuaderno anexo de Reinalda Pereira, muchos de sus restos no han sido encontrados”, señala.

Rivas se encuentra procesada por el secuestro calificado, en calidad de coautora, de los dirigentes comunistas Víctor Díaz López, Fernando Navarro Allendes, Lincoyán Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Juan Ortiz Letelier, Héctor Véliz y Reinalda Pereira Plaza. La abogada Navarro el año 2013 supo de la residencia de Adriana Rivas allá, luego de que la ex agente diera una entrevista por un medio radial nacional: “Ella ya era conocida en la comunidad chilena”, indica, pero se ignoraba sobre su participación en la DINA: “En ese momento nos enteramos que Chile había estado buscando a la señora Rivas desde el año 2011 cuando se fugó de Chile a Australia”. “A todo el mundo le causó horror, un rechazo, una repulsión sobre lo que ella hablaba y la forma en la que hablaba, causando una repulsión tremenda”, recuerda la abogada Navarro.

Acerca de la resolución de la justicia australiana comentó que el caso ha sido larguísimo, muy complejo y el primero en su especie en manos de dos Estados con dos sistemas judiciales distintos: “No tenemos precedente alguno en extradiciones y menos por cargos de secuestros por agravantes en el contexto de graves violaciones de derechos humanos”. Respeto a las familias de las víctimas, el caso ha sido llevado por los abogados Francisco Ugás y Alberto Espinoza quienes “son los promotores en este caso de conseguir justicia y tratar de extraditar a Rivas”. En su rol como especialista, ella ha aportado en la facilitación del sistema judicial australiano, aunque criticó que las víctimas y sus familias no tengan participación directa.

Respecto a la extradición, indicó que fue declarada el 2020, sin embargo la imputada “ha usado todos los recursos disponibles en la ley australiana y las avenidas judiciales y ejecutivas”. Acerca del juez Michael Lee de la Corte Federal de Nueva Gales del Sur de Australia, en su última indicación señaló que todas las decisiones tomadas por la ministra en el proceso fueron entregadas correctamente “y tomó todas las consideraciones necesarias para concluir que debe ser entregada a Chile”. Si bien, Rivas pudiese apelar a una Corte en pleno si los ministros hubiesen incurrido en un error -lo que corresponde a una materia meramente técnica- el caso podría extenderse hasta fin de año, mientras que si la imputada diese su consentimiento, el proceso tardaría un mes, pudiendo concretarse su regreso a Chile en los próximos meses, sostuvo la abogada: “El fallo es muy contundente, es muy claro”.