Una nueva polémica golpea al Gobierno, luego que se diera a conocer que entre el 25 y el 31 de marzo, el Ministerio de Energía notificó el término anticipado de funciones a 28 trabajadores de la Subsecretaría de Energía, incluyendo 18 funcionarios a contrata y cuatro a honorarios, según testimonios internos. Parte de las desvinculaciones afectó a seis profesionales que habían ingresado por concurso público entre 2023 y 2025, sin que se explicitara una justificación clara. Según consignaron fuentes a Contrapoder, los despidos también incluyeron a profesionales con experiencia en áreas clave, como la División Jurídica y las Secretarías Regionales Ministeriales, en un contexto donde estas unidades ya operaban con dotaciones reducidas.
Además, se indicó que las decisiones —determinadas por la ministra de Energía Ximena Rincón, y el subsecretario Hugo Briones— se adoptaron sin evaluaciones previas ni autoridades regionales plenamente nombradas. Las desvinculaciones —que incluyeron jefaturas, personal en período de prueba y funcionarios con contrato vigente hasta fin de año— habrían sido comunicadas con escasa anticipación, lo que impidió a los afectados ejercer derechos laborales como uso de vacaciones o días administrativos. Fuentes internas al citado medio sostienen que las decisiones carecerían de sustento legal o técnico, lo que podría contradecir criterios establecidos por la Corte Suprema respecto a la necesidad de fundamentar este tipo de medidas en antecedentes objetivos.
También se cuestionó la coherencia de algunas decisiones, como la salida de personal jurídico seguida de nuevas contrataciones en la misma área. Desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), su secretario general, Carlos Insunza, manifestó preocupación por lo que calificó como una “oleada de despidos injustificados”, señalando además que estos se habrían realizado sin el debido respeto hacia los funcionarios y sin instancias de diálogo. Asimismo, advirtió que la reducción de personal —cercana al 10% de una dotación nacional de aproximadamente 350 trabajadores— podría afectar el funcionamiento de un ministerio que calificó como “crítico y altamente técnico”.
Las críticas apuntan también a una supuesta falta de instalación de las nuevas autoridades y al cierre de espacios de participación para las asociaciones de funcionarios, lo que estaría impactando el normal desarrollo de las labores institucionales.