Lo mismo ocurre con el proyecto que agrava las penas. Chile tiene un sistema de responsabilidad penal adolescente diferenciado, especializado y orientado a la reinserción social. Acercarlo a una lógica penal adulta ante la conmoción pública, sin evidencia de que reducirá la violencia, debilita una de sus piezas centrales.
La violencia escolar exige decisión y firmeza. Pero una buena respuesta no debe tergiversar el sentido de la escuela ni erosionar derechos fundamentales. Chile necesita escuelas seguras, pero también escuelas capaces de prevenir, acompañar y reinsertar.