En 16 de los últimos 18 años, el país ha tenido un balance estructural (corregido por el ciclo) deficitario, en promedio de 2% del PIB. La trayectoria de crecimiento del gasto, mayor al crecimiento de los ingresos de largo plazo o permanentes, se refleja en una deuda bruta que ha escalado de 5% del PIB a 41,7%, y la neta de -12,2% del PIB a 37,6%, es insostenible. Un ajuste del gasto fiscal, más allá de atacar los casos de despilfarro y fraude, es absolutamente necesario.

La consolidación fiscal en una situación de estrés, particularmente, cuando se acompaña de una baja de impuestos, puede ser expansiva, como sugiere la evidencia de distintos países, incluyendo Chile en los ‘80. Desde 2010 se han aprobado ocho reformas tributarias. Algunos, con razón, dirán: ¡basta de reformas!

El problema es que las sucesivas reformas han complejizado el sistema tributario; lo han hecho más ineficiente, intensificando las distorsiones al ahorro e inversión, particularmente la reforma de 2014. Además, menos equitativo, y la recaudación no minera como proporción del PIB se ha mantenido constante, pero la inversión se frenó. El país necesita una reforma profunda para mejorar en estos aspectos.

Sin embargo, el contexto político y los tiempos no dan para tamaña tarea, hay que concentrase en lo principal: reducir la tasa del impuesto corporativo, mejorar los esquemas de depreciación y reintegrar el impuesto que paga la empresa con el personal. “Hay que concentrase en lo principal: reducir la tasa del impuesto corporativo, mejorar los esquemas de depreciación y reintegrar”. El objetivo debe ser incentivar el ahorro de las empresas (utilidades retenidas) que financia la inversión.

El problema del país no es “reactivar la economía” debido a una insuficiencia de demanda agregada; nuestro problema es uno de oferta agregada: como elevar el crecimiento de tendencia, lo que requiere de más inversión y mayor productividad. En el índice de competitividad tributaria de la Tax Foundation, Chile figura en el lugar 32 de 38 del impuesto corporativo. Esto, por su alta tasa de impuesto (27%) y normas de depreciación que impiden deducir el costo total de la inversión.

Como Chile no es el país promedio de la OCDE, para ser competitivo y atraer mayor inversión, su tasa corporativa debiera ser inferior al promedio de 23%, digamos 20%, y diseñar mecanismos de depreciación instantánea permanentes para recuperar el costo total de las inversiones. Es clave contar con un mecanismo de invariabilidad tributaria para inversionistas locales y extranjeros. La reintegración del sistema tributario, además de simplificar el actual esquema semiintegrado, permite que a igual ingreso del trabajo y del capital se tribute lo mismo, e igual trato para inversionistas locales y extranjeros.

Adicionalmente, la reintegración tiene efectos positivos sobre la inversión en las empresas con restricción de fondos internos (utilidades retenidas). Los argumentos para oponerse a la rebaja de impuestos son cada vez más débiles. Se sostiene que benefician a los ricos.

No obstante, una mayor inversión eleva el crecimiento, genera más empleo y mejores salarios: el crecimiento es bueno para los pobres, es la mejor política social. Un segundo argumento sostiene que caería la recaudación y elevaría el déficit. La disminución de impuesto sería financiada con el ajuste de gasto.

Con todo, dado que la propuesta de gobierno incluye otras medidas que dinamizan el crecimiento, en particular, la agilización de permisos, no debiera caer la recaudación.