Según afirmó en El Primer Café, "la PGU no se puede reducir porque está determinada por ley. Incluso está determinado el reajuste. Por ley, la PGU todos los años en febrero aumenta en la inflación del año anterior y eso un Gobierno no tiene cómo tocarlo".
Si bien comparte el objetivo de revisar la focalización para evitar el "fraude social", Cifuentes expresó dudas sobre la viabilidad de lograr un 15% de recorte en la PGU, pues considera que "no está tan mal focalizado como para que pueda reducirse así". Sostenibilidad del presupuesto público Mientras que Rodrigo Echecopar (Frente Amplio), investigador del centro de estudios Rumbo Colectivo, apuntó en Cooperativa a la confusión generada por la comunicación del Ejecutivo. Contrario a las expectativas de campaña que prometían recortes en "viáticos, los sueldos, el personal" y abusos, Echecopar observa que el foco de los actuales decretos presupuestarios ha derivado hacia "las transferencias".
Esta inconsistencia entre lo prometido y lo ejecutado, sumada a la falta de un "plan real", genera una "incertidumbre" que afecta tanto el plano social como el económico. Finalmente, Raphael Bergoeing, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, interpreta las acciones del Gobierno como una "señal potente" para abordar la sostenibilidad del presupuesto público, un desafío que ha persistido a lo largo de los últimos cuatro gobiernos. No obstante, al igual que Micco y Cifuentes, advierte sobre los peligros de una reducción indiscriminada.
"Reducir parejo el 3% va a terminar reduciendo cosas que no deben reducirse", explicó en El Primer Café, enfatizando la necesidad de una evaluación minuciosa para evitar impactos negativos.