La rutina escolar se tensiona cuando la seguridad entra en duda. Eso ocurrió en el Liceo Gregorio Cordovez, donde su dirección decidió dar un paso clave: llevar a la Policía de Investigaciones antecedentes por amenazas que afectan a la comunidad educativa. Investigación en curso y evidencia digital El rector del establecimiento, José Miguel Sanzana Carrillo, acudió junto al equipo jurídico del SLEP Elqui para formalizar la denuncia.

“hemos venido a la Policía de Investigaciones de Chile para denunciar hechos de violencia y amenazas que están ocurriendo no solamente en nuestro establecimiento. Hemos traído evidencias posibles para una persecución y que la Fiscalía, considere que los establecimientos escolares son recintos educativos y no sinónimo de violencia social”. Parte central de la denuncia incluye actividad en plataformas digitales: “hemos entregado información pertinente con respecto a redes sociales anónimas.

Entendemos que la Policía de Investigaciones también puede hacer un seguimiento respectivo”. Funcionamiento normal, pero con medidas reforzadas Pese a la gravedad de los hechos, el liceo continúa operando. Se activaron protocolos de seguridad y monitoreo constante, aunque algunas familias optaron por no enviar a sus hijos.

“hemos activado las medidas de seguridad pertinentes. Los protocolos están escritos y los procedimientos se han realizado para no llamar a la alarma pública. En este momento nuestro liceo está funcionando con normalidad”.

Sin embargo, el rector advirtió elementos preocupantes: “las redacciones en las redes sociales obedecen a adultos. Conocemos a nuestros estudiantes y hay información errática”. También detalló que “las cámaras detectaron a una pandilla que se acerca al establecimiento.

Pusimos estos antecedentes a la Policía de Investigaciones”. Rol del SLEP Elqui: asesoría legal y contención Desde el Servicio Local de Educación Pública Elqui, su equipo jurídico ha acompañado el proceso. Rocío Alcayaga Mondaca explicó que existe una obligación clara: “el protocolo que deben activar los establecimientos es interponer las denuncias ante las autoridades correspondientes dentro del plazo de 24 horas, obligación de todas las comunidades educativas”.

Además, detalló el trabajo institucional: “se ha estado asesorando a los equipos directivos, acompañándolos en recabar las pruebas. Y en algunos casos hemos interpuesto nosotros las denuncias ante la Fiscalía o Carabineros o la PDI”. El enfoque, subrayó, no es solo judicial: “el foco principal tiene que ser más allá de la persecución penal, debe ser el construir a futuro espacios seguros”.

Posibles delitos y gravedad de los hechos El caso podría escalar en su calificación penal. Según Alcayaga: “hay comisión de distintos delitos. Por una parte, los delitos de amenazas, pero están generando una alteración en el orden público, que, a nuestro juicio, podrían configurar también figuras delictuales más graves, incluso delitos terroristas”.

“el delito podría tener penas desde tres años y un día y cinco años en otros casos. O si hubiese un delito terrorista incluso de 10 años de pena porque existe una conmoción pública”. La investigación ahora queda en manos de la PDI y el Ministerio Público, mientras la comunidad educativa busca recuperar la tranquilidad.

5 datos claves Denuncia formal fue presentada ante la PDI por amenazas. Evidencia incluye redes sociales anónimas y registros de cámaras. El liceo sigue funcionando, aunque con protocolos reforzados.

SLEP Elqui asesora legalmente y apoya en recopilación de pruebas. No se descartan delitos graves, con penas que podrían llegar hasta 10 años.