Cuando el ministro de Economía, Daniel Mas, compareció ante la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados para fundamentar el retiro del proyecto de Nueva Ley de Pesca, muchos vimos la jugada como un golpe político más del Gobierno de José Antonio Kast. Otro round perdido por la pesca artesanal, pensamos. Pero cuando me senté a leer con calma la transcripción de sus palabras –algo que, lo confieso, no hago siempre con el debido cuidado–, descubrí que ahí había mucho más que un discurso técnico.

Había un manual de instrucciones. No el del Gobierno: el de la industria. Me explico.

El ministro Mas habló de “brechas importantes en la implementación del enfoque ecosistémico”, de “incertidumbres en materias estructurales como el sistema de subastas” y de la necesidad de “mantener las reglas del juego” para dar certezas al sector pesquero. Todo muy prolijo, muy técnico. El problema es que esas mismas palabras aparecen, casi en el mismo orden, en el “Informe Técnico Jurídico sobre el proyecto Ley de Pesca 16500-21” que Sonapesca encargó a la consultora Acuiestudios en mayo de 2024.

El mismo informe del que el diputado Sergio Bobadilla copió textualmente 211 indicaciones. No estoy hablando de coincidencias temáticas. Cuando Sonapesca calificó en 2024 al proyecto como “refundacional” y “desprolijo, lleno de contradicciones técnicas que hacen inviable su puesta en marcha”, estaba escribiendo el libreto que dos años después pronunciaría el subsecretario Urrutia.

Urrutia usó exactamente esa palabra: “refundacional”. Y el ministro Mas completó el argumento: el proyecto tenía “inconsistencias, discrecionalidades o una baja aplicabilidad práctica”. Aprende uno a leer entre líneas.

Cuando un ministro de Estado dice que algo es técnicamente deficiente usando las mismas palabras que un gremio empresarial escribió en un informe pagado, una de dos: o llegaron por separado a las mismas conclusiones (casualidad notable) o alguien en La Moneda está leyendo y repitiendo lo que Sonapesca ya escribió. Yo me inclino por la segunda. Pero más allá de la denuncia, hay aquí una lección política urgente: aprender a leer lo que nos dicen las autoridades.

Cuando el ministro Mas habla de “certezas” y de “mantener las reglas del juego”, ¿a quién se refiere? Porque las 108 mil personas que viven de la pesca artesanal en Chile no tienen ninguna certeza hoy. No tienen seguro.

No tienen previsión acorde a su trabajo. No tienen protección si se enferman, si hay un temporal o si un derrame de petróleo contamina su caleta. La certeza que el ministro defiende no es la de ellos: es la de las siete familias que recibieron gratis las cuotas industriales en 2013 y que las renovarán casi automáticamente hasta 2032.

Y cuando habla de “mantener las reglas del juego”, tampoco está hablando de justicia ni de competencia. Está hablando de preservar el statu quo heredado de la Ley Longueira, esa misma ley cuya tramitación terminó con un exsenador condenado a cinco años y un día de cárcel efectiva por cohecho, con una exdiputada condenada a 50 días de reclusión nocturna y con la empresa Corpesca sancionada a pagar 10. 000 UTM por financiar ilegalmente la política.

Las “reglas del juego” que el ministro quiere mantener son las que escribió Pablo Longueira. Eso no son reglas: es un legado de corrupción. Aprender a leer al ministro Mas, entonces, no es solo un ejercicio intelectual.

Es un acto de defensa, porque si no aprendemos a traducir el lenguaje técnico con que se viste la captura corporativa del Estado, vamos a seguir perdiendo. Cuando nos digan que algo es “refundacional”, preguntemos: ¿refundacional para quién? Cuando nos digan que hay “brechas en el enfoque ecosistémico”, preguntemos: ¿quién identificó esas brechas, y a quién beneficia postergarlas?

Cuando nos digan que hay “incertidumbres en el sistema de subastas”, preguntemos: ¿incertidumbres para quiénes, si las subastas eran precisamente el mecanismo para terminar con los privilegios heredados? La Plataforma Social que el proyecto retirado contenía no era un regalo del Estado. Era un piso mínimo de dignidad para decenas de miles de familias que sostienen una actividad estratégica para la soberanía alimentaria del país.

Financiarla con la recaudación adicional de las subastas de licencias industriales no era una idea descabellada: era justicia distributiva. Que hoy eso haya desaparecido del debate, envuelto en el celofán de las “brechas técnicas”, no es un accidente. Es una decisión.

Lo que leo hoy en las declaraciones del ministro de Economía no es un análisis técnico independiente. Es un discurso escrito en otra parte, pronunciado desde el Estado. Eso tiene un nombre en la ciencia política: captura regulatoria.

No pido que me crean a mí. Pido que lean entrelíneas. Contrasten el informe de Sonapesca con las palabras del ministro.

Vean si las coincidencias les parecen casuales y luego pregúntense: si el Gobierno de Kast usa los mismos argumentos que la gremial condenada por cohecho en el caso Corpesca, ¿a quién le están gobernando? Yo ya aprendí a leer entre líneas. Ahora les toca a ustedes.