Retos y promesas La nueva Superintendencia de Casinos y Juegos tendrá la difícil tarea de velar por el estricto cumplimiento de las nuevas leyes que dicte el parlamento chileno. Las empresas que operen con autorización deberán pagar impuestos en el país, aportando así recursos frescos al erario nacional para financiar políticas sociales de largo plazo. Por suerte, el jugador chileno pasa a ser un consumidor protegido por las leyes vigentes con pleno derecho a presentar reclamos formales ante el Servicio Nacional del Consumidor ante cualquier incumplimiento comercial.
Esta formalización acaba con las prácticas abusivas que se extendieron durante los largos años de ausencia del Estado en el ciberespacio. Las normas de encriptación tecnológica son una protección para los datos personales y bancarios frente al robo cada vez mayor de identidades a través de la red. Por otro lado, un mercado regulado promueve una sana competencia basada en la calidad del servicio al cliente, dejando fuera a aquellos operadores que tienen como estrategia las promesas engañosas.
Un entorno transparente beneficia directamente al usuario final, obligando a las empresas a mejorar constantemente sus interfaces gráficas y sus cuotas de participación. La modernización legislativa supone que el juego en red existe y ha de ser encuadrado dentro de los márgenes institucionales republicanos. Los ciudadanos tienen derecho a participar de estas actividades recreativas amparados por normativas justas que equilibren el libre comercio con la salud pública preventiva.
Las alertas de ludopatía obligan a los operadores a implantar software avanzado que sea capaz de detectar patrones de comportamiento riesgoso e intervenir de forma preventiva. El futuro del sector estará supeditado a la capacidad política de construir una legislación equilibrada, que recoja impuestos justos protegiendo en todo momento de manera integral al jugador nacional.