La Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) criticó el artículo del Plan de Reconstrucción Nacional que permite a la inteligencia artificial el uso de obras lícitamente publicadas sin necesitar autorización del titular ni remuneración, mientras "no constituya una explotación encubierta". La Archi destacó que las más de mil emisoras miembros gozan del prestigio de ser uno de los medios más creíbles por la ciudadanía, lo que se debe a "décadas de inversión con mucho esfuerzo, de equipos periodísticos formados, de cobertura territorial real y de un compromiso de la comunidad que sostiene a la radio aun cuando el entorno económico se ha vuelto crecientemente adverso". "Es precisamente ese contenido -verificado, diverso, territorial y confiable- el que hoy pretende autorizar a utilizar, de manera gratuita y sin autorización, a favor de los sistemas de inteligencia artificial generativa desarrollados por las grandes corporaciones tecnológicas globales", manifestaron en un comunicado.
La asociación alertó que la norma ya había sido rechazada por la Cámara de Diputadas y Diputados en la tramitación del proyecto de ley sobre sistemas de inteligencia artificial, y ahora reapareció de "con un alcance aún mayor -sin el acotamiento a investigación científica sin fines de lucro, sin mecanismos de reserva de derechos (opt-out) y sin participación previa de los sectores afectados-". "Y en un proyecto cuyas ideas matrices son las reconstrucción económica, la reforma tributaria y la racionalización de permisos. No se advierte vinculación alguna entre aquella agenda y la regulación de excepciones al derecho de autor", afirmaron.
La Archi advirtió que las emisoras chilenas ya operan bajo un marco exigente, mientras que las plataformas digitales globales que compiten con ellas "no enfrentan esas mismas cargas, y capturan una proporción creciente del mercado sin retribuir al ecosistema informativo del que se benefician (... ) Autorizar ahora, mediante una excepción legal, que esas mismas plataformas -u otras empresas tecnológicas extranjeras- se apropien gratuitamente del contenido periodístico para entrenar sus sistemas, profundiza tal injusticia". Asimismo, "transfiere valor desde el periodismo regional chileno hacia actores globales que no invierten en la producción de la información que utilizan.
Y lo hace en el momento en que, a nivel internacional, la tendencia va a exactamente en sentido contrario, dado que los principales medios del mundo están suscribiendo acuerdos de licenciamiento con empresas de inteligencia artificial". "La clausula final del artículo -que exige que el uso 'no constituya una explotación encubierta'- es jurídicamente insuficiente. No entrega criterios operativos que permitan distinguir un uso legítimo de uno comercial disimulado, y traslada al titular del derecho la carga de una litigación técnicamente completa y económicamente desproporcionada frente a contrapartes con escala global", afirmaron.
"El derecho de autor no es, para los medios de comunicación, un privilegio corporativo, sino la base económica que permite sostener un periodismo profesional, verificado y territorialmente presente. Debilitar esa base, en el momento en que la desinformación avanza y en que la confianza pública en los medios se disputa cada día, es una decisión de consecuencias graves para la deliberación democrática y para la cohesión de nuestras regiones", aseveró la Archi. En ese sentido, pidió al Gobierno retirar el artículo 8 del proyecto de "megarreforma", por tratarse de una materia ajena a las ideas matrices y cuya complejidad exige un debate legislativo específico.
Igualmente, "exhortamos a las autoridades a abrir un espacio formal de diálogo con las asociaciones gremiales de medios de comunicación y los titulares de derechos, antes de adoptar cualquier decisión legislativa que habilite el uso de obras protegidas para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial".