A tres semanas del atentado en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, que le costó la vida a la inspectora María Victoria Reyes, la madre del único imputado por el ataque pidió perdón a las víctimas. Tras visitar al joven de 18 años en la cárcel, la mujer habló por primera vez sobre la tragedia en una entrevista con Chilevisión, atribuyendo lo ocurrido a una supuesta invisibilización del alumno, quien sufre de depresión severa. Dicho esto, entregó sus condolencias a los afectados: "Perdón, yo sé que no hay palabra que vaya a devolverle la vida (a la inspectora).

No hay palabra, ni un gesto ni la peor condena que mi hijo pueda recibir. Ojalá en algún momento pueda decírselos de frente". Al mismo tiempo, insistió que "mi hijo nunca tuvo nada contra ellos, nada que haya sido motivo de venganza.

Yo creo que ni siquiera sabe a quién le hizo daño. Su cabeza estalló, estaba mal. Solo sé que a lo mejor ese día quería morir".

En un fallo unánime emitido el pasado jueves, la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó un amparo de la defensa del imputado, que buscaba suspender el procedimiento penal alegando una presunta enajenación mental. De esta manera, mientras el Ministerio Público se encarga de la investigación, el acusado de un delito de homicidio calificado consumado y cuatro en calidad de frustrados se mantiene bajo prisión preventiva. Retorno gradual a clases En paralelo, el Instituto Obispo Silva Lezaeta activó un retorno gradual a clases presenciales este lunes, proceso que contempla el despliegue de un equipo multidisciplinario de psicólogos, pues tendrá especial foco "en el aspecto emocional de cada uno de nuestros estudiantes", indicó la rectora Alejandra Zamora.

"Hoy se están incorporando (alumnos) de primero a quinto básico, en horario de 9:00 a las 12:00 horas. Posteriormente, el miércoles se suman los niveles de sexto a octavo básico, y el viernes nos integramos con la Enseñanza Media", detalló la autoridad escolar. Además, la dirección del colegio implementó medidas de seguridad excepcionales para evitar otros hechos de violencia en el regreso a las aulas, como la inhabilitación de espacios comunes y el cierre preventivo de ciertos servicios higiénicos.