Cada tres meses, el aviso llega. No importa si tuviste un buen año o uno difícil. No importa si te quedaste sin trabajo, si tu pensión no alcanzó, si el sueldo fue el mismo de hace cinco años.

Las contribuciones de bienes raíces no preguntan: solo cobran. Para millones de chilenos de clase media, este impuesto territorial se ha convertido en uno de los dolores de cabeza más persistentes del año. No porque sea nuevo, sino porque crece.

Cada cuatro años, el Servicio de Impuestos Internos realiza un reavalúo de las propiedades: revisa cuánto “vale” tu casa en el papel y sube el impuesto en consecuencia. El problema es que el valor de tu sueldo rara vez sube al mismo ritmo. Frente a esto, el alcalde de Ñuñoa y exministro, Sebastián Sichel, presentó a parlamentarios de la derecha y al gobierno de José Antonio Kast su propuesta para enfrentar y al mismo tiempo aliviar la carga a muchos chilenos.

Dentro de esta se encontraba la idea de eliminar las contribuciones para mayores de 65 en su primera vivienda. Según fuentes de la Radio, dentro del gobierno se habló de la idea presentada por Sichel y sería una de las voces que habría influido en la propuesta del mandatario. Cuatro Ejes La idea de Sichel es modificar la Ley 17.

235 sobre el Impuesto Territorial, tiene los artículos redactados y listos para ser ingresados al Congreso pero tiene un problema ¿Cuál? Es una iniciativa exclusiva del Presidente de la República y solo se podría hacer a través de una reforma constitucional. La propuesta tiene cuatro ejes.

El primero, y el más estructural, propone congelar las contribuciones al momento de comprar la propiedad: desde ahí solo suben con el IPC y no cambian por los reavalúos del SII. Es el modelo californiano de 1978, donde el impuesto queda atado al valor de compra y se actualiza únicamente cuando el dueño decide vender. El segundo eje propone eximir completamente del pago a los mayores de 65 años en su primera vivienda, sin importar su avalúo.

La lógica es simple: si el Estado reconoce el derecho a jubilarse, no puede cobrar un impuesto que amenaza el hogar de quienes ya no tienen ingresos activos. El tercero apunta a quienes, a cualquier edad, no tienen con qué pagar: cesantes y pensionados básicos podrían pausar legalmente sus contribuciones sin multas ni embargo, y la deuda se cobraría —reajustada en UF— solo cuando la propiedad cambie de dueño. El cuarto y último eje ataca un problema que pocas veces se nombra: hoy el SII actúa como juez y parte al definir los avalúos.

Si crees que tasaron mal tu propiedad, reclamas ante la misma institución que fijó el valor. Sichel propone que un tercero imparcial designado por los tribunales resuelva las disputas, que el SII entregue su información en cinco días y responda reclamos en quince. Si no lo hace, el reclamo se aprueba automáticamente.

En derecho eso se llama silencio positivo, y es exactamente lo contrario a lo que ocurre hoy. Según datos entregados por el mismo Sichel al gobierno y a los parlamentarios, El reavalúo de 2022 aumentó el avalúo fiscal de las viviendas en un promedio de 22,1%. No fue una alza menor ni excepcional: fue el empujón que dejó a miles de propietarios fuera de los beneficios que el propio Estado había creado para protegerlos.

Entre 2021 y 2024, el porcentaje de adultos mayores que accedía a la rebaja del 100% en sus contribuciones cayó de 72,2% a 63,9%, pese a que la población mayor de 65 años creció un 11,9% en ese período. Más gente mayor, menos gente protegida. La matemática no cierra.

Entre 2016 y 2024, el pago de contribuciones subió un 65,8% en términos reales. Los ingresos de las familias, en ese mismo período, crecieron apenas un 10%. Lo que antes representaba el 0,7% del ingreso familiar promedio hoy se lleva cerca del 2%.

Diferencia clave Aunque el debate sobre las contribuciones ha sido bandera de José Antonio Kast, la propuesta de Sichel marca distancias técnicas y políticas. Mientras el Presidente planteó la eliminación de contribuciones a mayores de 65 años —lo que genera dudas sobre el financiamiento municipal—, Sichel apuesta por una reforma que mantenga el flujo de recursos pero cambie las reglas del juego. Para el alcalde de Ñuñoa, lo anunciado por el mandatario “me parece una gran noticia la eliminación de las contribuciones para los adultos mayores” y “me parece equivocado que algunos alcaldes pongan en duda esta medida argumentando cómo se van a financiar los municipios.

Los impuestos, en cualquier parte del mundo, son un medio para un fin: mejorar la vida en sociedad”. Kast ha mencionado el modelo californiano como referencia, pero no lo ha plasmado en un articulado legal que fije el avalúo al momento de la compra. Además, el proyecto de Ñuñoa incluye la figura de un “árbitro externo” para resolver disputas con el SII, rompiendo el esquema donde el servicio actúa hoy como juez y parte.

Fondo común La cautela de no proponer la eliminación total del impuesto responde a una realidad financiera ineludible: el Fondo Común Municipal (FCM). En 2024, la recaudación por contribuciones alcanzó los 2,5 billones de pesos, de los cuales un 60% se redistribuye a las comunas más pobres de Chile. Eliminar el tributo de raíz significaría el colapso financiero de cientos de municipios rurales y vulnerables.

Lo que busca la reforma es que el impuesto deje de ser ciego ante la capacidad de pago. El objetivo final es detener la gentrificación fiscal, ese proceso donde el Estado termina expulsando a los vecinos de sus barrios no por su voluntad, sino porque el costo de quedarse se volvió sencillamente impagable. Clase media Para Sichel hay cosas claves que hoy no tienen solución como que “el Estado no suspende el pago de contribuciones, aun cuando los ingresos desaparecen.

Es más, incluso los bancos contemplan seguros de cesantía para los créditos hipotecarios. Por lo mismo, debiera existir un mecanismo similar: una suspensión temporal del pago de contribuciones mientras la persona esté sin trabajo”. Tampoco que “el Estado no puede seguir ajustando el valor de las contribuciones en base a estimaciones o proyecciones mientras la propiedad no se venda.

El valor debiera fijarse al momento de la compra, que es cuando se establece el precio real del inmueble. No es razonable que las personas paguen por valorizaciones futuras que no han materializado”. Argumenta que “la clase media necesita con urgencia certezas en esta materia.

Y eso se traduce en medidas concretas: suspensión del pago de contribuciones en períodos de desempleo y un sistema de cálculo más estable, que no dependa de avalúos periódicos que terminan afectando directamente el bolsillo de las familias”.