Las gestiones realizadas por dirigentes magallanicos permitieron destrabar la tramitación del bono trimestral de zona extrema y agilizar la revisión del 40% de asignación de zona. Con avances concretos en el Ministerio de Hacienda y en la Contraloría General de la República regresaron desde Santiago los dirigentes de las asociaciones de asistentes de la educación de Natales y Punta Arenas, luego de una intensa agenda de reuniones sostenidas durante la última semana con autoridades del Ministerio de Educación, con el objetivo de acelerar pagos pendientes y obtener una pronta resolución sobre beneficios suspendidos. La delegación estuvo encabezada por la Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación Hermes Hein Bozic de Puerto Natales, presidida por Osvaldo Sánchez Vásquez, junto a la Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación de Punta Arenas, liderada por Javier Quintul.

Ambas organizaciones viajaron a la capital para exponer la compleja situación económica que atraviesan cientos de asistentes de la educación tras el retraso en el pago del bono trimestral de zona extrema y la suspensión del 40% de asignación de zona. Según explicó el dirigente natalino Osvaldo Sánchez, uno de los principales avances obtenidos durante la visita a Santiago dice relación con el bono trimestral de zona extrema, beneficio establecido en el artículo 30 de la Ley 20. 313, cuyo pago debió haberse realizado a fines de marzo.

La demora en la tramitación administrativa generó preocupación e incertidumbre entre los trabajadores, ya que este monto forma parte importante de sus ingresos. “Logramos gestionar que el Ministro de Hacienda firmara el documento que autoriza su pago. Actualmente, el trámite solo está pendiente del visado por parte de la Contraloría General de la República”, informó el dirigente natalino.

De acuerdo con lo señalado, ahora debe regresar a Contraloría para su toma de razón final, proceso administrativo que revisa la legalidad del acto, la correspondencia de montos y la validez de las firmas involucradas. Osvaldo Sánchez explicó que, de cumplirse los tiempos comprometidos, el pago podría verse reflejado a fines de este mes o durante los primeros días de mayo, antes del cierre de planillas del Servicio Local de Educación Pública. La primera fue con el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, instancia gestionada por el diputado Carlos Bianchi.

Según relataron los dirigentes, la autoridad ya estaba interiorizada del conflicto y de las consecuencias económicas que la situación está provocando en Magallanes. La agenda continuó con una reunión con el jefe de asesores de la ministra de Educación, Felipe Serey, encuentro gestionado por Rodrigo Sepúlveda, asesor territorial del Servicio de Educación Pública. La instancia permitió reforzar las solicitudes ya presentadas y abordar tanto el bono trimestral como la suspensión de la asignación de zona.

En esa reunión, además, desde el Ministerio de Educación habrían reconocido retrasos administrativos en el proceso y ofrecido disculpas por la situación. Según la dirigencia, también se comprometieron a revisar lo ocurrido para evitar nuevos atrasos en el futuro. Sin embargo, el tema más complejo abordado en Santiago fue la reposición del 40% de asignación de zona, beneficio establecido en los contratos colectivos de los asistentes de la educación de Magallanes y cuyo pago fue suspendido tras la interpretación del dictamen N°11 de la Contraloría General de la República.

La suspensión del beneficio ha generado serias complicaciones económicas para los trabajadores, ya que representa cerca del 40% del sueldo de cada asistente de la educación de la región. Frente a ello, el Servicio Local de Educación Pública de Magallanes presentó una reconsideración ante Contraloría, a la que se sumó un informe en derecho elaborado por el abogado Javier Solís Uribe, además de los antecedentes aportados por las asociaciones y el respaldo de parlamentarios. La reunión para abordar este punto se concretó el viernes en la Contraloría General de la República, gracias a las gestiones del senador Karim Bianchi.

En la cita participaron representantes del equipo jurídico y jefaturas de división encargadas de revisar la reconsideración presentada. “Se comprometieron a dar respuesta a lo solicitado a la brevedad posible y le dieron suma urgencia para que esto se resuelva de mejor manera”, manifestó el dirigente. Según informó la asociación, desde Contraloría comprometieron una respuesta dentro de un plazo máximo de 15 días, aunque señalaron que ésta podría adelantarse.