Felipe Barraza, presidente de la entidad, fue categórico. «De justo no tiene nada», afirmó, junto con sostener que el reajuste sería «un atentado contra el bolsillo de la familia». A su juicio, el problema no es solo el alza puntual del combustible, sino la forma en que el sistema termina resolviendo sus mayores costos: cargándolos al usuario.
«Cuando sube el precio de algo, difícilmente baja», remarcó. El dirigente también cuestionó el monto planteado para algunos tramos. Señaló que si ya los $800 eran una tarifa alta para muchos usuarios, llevar ciertos recorridos a $920 «no tiene nada de razonable».
En esa línea, sostuvo que entre los pasajeros existe una sensación acumulada frente a este tipo de reajustes: «siempre hay una excusa para subir el pasaje», ya sea por combustible, repuestos o mantenciones, sin que ocurra lo contrario cuando bajan otros costos. Sin embargo, Barraza insistió en que la discusión no debiera agotarse en si el alza se autoriza o no. A su juicio, si se pretende cobrar más, al menos debieran exigirse mejoras concretas en el servicio.
Entre ellas mencionó mejor trato a los usuarios, mayor frecuencia, horarios más amplios y una fiscalización efectiva que permita corregir incumplimientos que, según dijo, siguen siendo parte de la rutina del sistema. En ese punto, puso especial énfasis en el trato a estudiantes y en los horarios de funcionamiento de las líneas entre La Serena y Coquimbo. Según planteó, no puede seguir ocurriendo que alumnos con TNE sean discriminados o que los últimos servicios terminen demasiado temprano para quienes salen tarde de clases o del trabajo.
«A las 11 de la noche ya no encuentra ninguna micro», señaló al referirse a estudiantes vespertinos y otros usuarios que siguen movilizándose después de las 21:00 horas.