En una conferencia realizada en sus dependencias, el directorio de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi se declaró en estado de alerta. Acompañados por dirigentes de organizaciones comunitarias y de derechos humanos, los representantes del emblemático sitio de memoria expusieron una crítica situación financiera que, según denuncian, tiene su origen en el retraso en la entrega de fondos públicos por parte del Estado. Lo que debería ser un trámite administrativo se ha convertido en una amenaza para la continuidad operativa de uno de los espacios más simbólicos en la reparación de las violaciones a los derechos humanos en Chile.

El presidente de la Corporación, Álvaro Ahumada, fue tajante al calificar la situación como una muestra de “carencia absoluta de sentido de urgencia” por parte de la Contraloría General de la República, entidad que aún no toma razón del convenio que permitiría al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) liberar los recursos anuales. Explicó que esta traba, ha dejado a la organización “al borde de la paralización”, afectando directamente el pago de las remuneraciones de sus trabajadores. A pesar de que la institución cuenta con “15 años de gestión transparente sin observaciones”, el problema persiste por factores burocráticos ajenos a su administración.

Como resultado, aseguró, la corporación lleva más de cuatro meses funcionando exclusivamente gracias a “aportes voluntarios de socios y socias, muchos de ellos personas mayores con recursos limitados que han puesto sus ahorros a disposición de la organización”. Trabajadores ceden turnos de pago a colegas con necesidades más urgentes El panorama se vuelve aún más alarmante al conocer los mecanismos de supervivencia interna. El vicepresidente Cristian Castillo calificó la situación como “insólita” y reveló que, ante la falta de pagos, los propios trabajadores han implementado un sistema de solidaridad ética: “los trabajadores con mayor estabilidad han cedido sus turnos de pago para que los colegas con necesidades más urgentes reciban sus remuneraciones completas”, relató.

Para Castillo, este esfuerzo va más allá de lo administrativo y se inscribe en una “convicción política y social” para mantener viva la educación en derechos humanos, especialmente frente “al avance del negacionismo en el país”, con la llegada de José Kast a La Moneda. Francisca Insunza, representante de los trabajadores de Villa Grimaldi, puso el acento en el desgaste humano ha generado la crisis. Si bien existe un compromiso ético profundo con la labor de memoria, advirtió que “la complejidad de trabajar sin remuneración” plantea una contradicción insostenible cuando los sueldos son el sustento básico de los hogares.

Sin embargo, destacó que los equipos mantienen una actitud de comprensión hacia el directorio, entendiendo que la falta de fondos no es responsabilidad directa de sus integrantes, aunque eso no implica pasividad. “Nos encontramos en estado de alerta permanente frente a los acontecimientos y observando de cerca cada paso que se da para resolver esta situación”, aseveró, citada en una nota de prensa de la institución. Crisis en Villa Grimaldi no es un hecho aislado La denuncia encontró eco en otras organizaciones de derechos humanos.

María Cisternas Flores, de Casa Memoria José Domingo Cañas, expresó su solidaridad, pero advirtió que “no es un caso aislado”, revelando que su propia institución tiene trabajadores sin sueldo desde enero. En la misma línea, Erika Hennings, directora de Londres 38, Espacio de Memorias, calificó la retención de fondos por parte del Estado como un “atentado al derecho a la memoria”. La educadora recordó que sitios como Villa Grimaldi y Londres 38 fueron centros de terrorismo de Estado durante la dictadura de Augisto Pinochet, “recuperados gracias a la lucha de vecinos, sobrevivientes y organizaciones”, por lo que esta situación es “inaceptable e inaudita”.

Pese a la precariedad y la incertidumbre, desde la Corporación fueron enfáticos: cerrar el Parque por la Paz no es una opción. Álvaro Ahumada indicó que hacerlo significaría “dar un paso atrás” y aceptar una realidad impuesta por la ineficiencia administrativa. Mientras los fondos públicos siguen atrapados en laberintos burocráticos, Villa Grimaldi resiste con ahorros de adultos mayores, cesión de sueldos y la convicción de que la memoria es un derecho que no puede esperar.

*Imagen destacada: Villa Grimaldi.