En Chile reaparece cada cierto tiempo la idea de que la mejor señal para atraer inversión consiste en prometer que ciertas reglas quedarán congeladas por mucho tiempo. Ahora esa tentación vuelve con la versión especialmente ambiciosa de ofrecer por ley una invariabilidad tributaria de 25 años para determinados proyectos. La propuesta puede sonar seria, moderna y amistosa con los negocios, pero también revela una confusión de fondo entre estabilidad institucional e inmovilidad estatal.

La discusión importa porque una cosa es ofrecer certidumbre regulatoria y otra es comprometer por adelantado la capacidad futura del Estado para ajustar su política tributaria. La confianza de largo plazo no depende de que un país renuncie a moverse. Depende de instituciones que funcionen, reglas comprensibles, autoridades capaces de corregir errores y acuerdos políticos que sobrevivan al cambio de gobierno.

Cuando esa base existe, la inversión puede proyectarse. Cuando no existe, un candado legal muy largo apenas maquilla la fragilidad. Ni siquiera el antiguo DL 600 llegaba tan lejos.

Ese mecanismo permitía invariabilidad tributaria mediante contrato, por un plazo más acotado, y exigía al inversionista pagar una carga superior a la del régimen general. Había un costo explícito por reducir incertidumbre. Se trataba, en los hechos, de un seguro.

Se pagaba más, a cambio de limitar el riesgo de cambios futuros. La fórmula podía ser discutible, pero al menos tenía una lógica reconocible. La estabilidad tenía un precio.

Aquí todavía no está claro qué se ofrecerá exactamente, bajo qué condiciones ni a cambio de qué contraprestación. Ese vacío importa. Una invariabilidad de 25 años deja de parecer una herramienta excepcional y pasa a operar como una autolimitación mayor, diseñada para atravesar varios gobiernos, varios ciclos económicos y más de una crisis.

En ese punto, la señal deja de hablar solo de confianza hacia el inversionista. También habla de una renuncia anticipada del Estado a parte de su margen de maniobra. El problema se vuelve más evidente cuando se mira el entorno que viene.

Chile envejece, nacen menos niños y el gasto, presionado por salud, pensiones y sistemas de cuidado, tenderá a crecer. Al mismo tiempo, el cambio climático obliga a reasignar recursos hacia infraestructura hídrica, adaptación productiva, prevención de desastres y protección de territorios cada vez más expuestos. En un escenario así, fijar por un cuarto de siglo un margen tributario rígido no parece prudencia.

Parece una decisión tomada como si las necesidades fiscales del país fueran a permanecer intactas, cuando todo indica lo contrario. La señal más sólida para la inversión debiera construirse por otra vía. Si las principales fuerzas políticas lograran acordar una trayectoria tributaria razonable y sostenerla durante un período amplio, el efecto sería más potente que una promesa maximalista inscrita en una ley especial.

Los proyectos de largo plazo no miran solo la letra de la norma. Miran también cuán probable es que esa norma resista presión política, estrechez fiscal y cambios de prioridades públicas. Existe además una fuente de certidumbre menos vistosa y bastante más robusta, que es la reputación institucional de Chile en el plano internacional.

Durante décadas, el país ha buscado proyectarse como una jurisdicción que respeta tratados, cumple compromisos y reconoce mecanismos formales de solución de controversias. Ese activo se relaciona con acuerdos comerciales, protección de inversiones y la expectativa de que las disputas se procesan dentro de reglas conocidas. Vale más que cualquier consigna proinversión de corto plazo, porque reduce incertidumbre sin exigir que el Estado se inmovilice de antemano.

La pregunta de fondo, entonces, no es si la inversión necesita certezas. Las necesita. La cuestión es qué tipo de certeza conviene ofrecer.

Una democracia madura no genera confianza, prometiendo que nunca corregirá nada. La genera mostrando que puede cambiar con reglas, con deliberación y con suficiente estabilidad institucional como para que esos cambios no se parezcan a un salto al vacío. El mundo, además, apunta en otra dirección.

Estados Unidos ha desplegado subsidios industriales de gran escala, y establecido aranceles contraviniendo toda norma multilateral, e incumpliendo acuerdos bilaterales, como el suscrito con Chile. Europa ha reforzado instrumentos para defender sectores estratégicos y las principales economías se reservan amplio margen para ajustar impuestos, incentivos, cadenas críticas y políticas tecnológicas según cambian sus intereses. En ese contexto, que un país mediano como Chile decida inmovilizarse por 25 años tiene algo de alumno ejemplar en una sala donde hace rato que los grandes dejaron de respetar el reglamento.