En su segunda sesión, el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, recibió el primer informe de auditoría al Estado elaborado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), el cual da cuenta de la situación fiscal de más de 500 servicios públicos entre el 2025 y el 10 de marzo de 2026. En el documento, se realiza un levantamiento de información en cinco áreas: transferencias y convenios, compras públicas, contratos de relevancia fiscal, gestión de personas y ejecución presupuestaria. La subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia y presidenta del Comité, Constanza Castillo, señaló que las alertas identificadas en el informe se encuentran en proceso de análisis.

“No constituyen por sí mismas irregularidades concluidas, pero sí representan alertas de riesgo que justifican su revisión en profundidad”, dijo. Primero resultados Los hallazgos de este primer análisis son los siguientes: 1. Transferencias y convenios por montos superiores a USD 140 millones, asignados a entidades con menos de un año de antigüedad al momento de recibir los recursos.

2. Patrones de contratación que podrían ser indicativos de fragmentación de compras, como, por ejemplo: más de 65. 000 adquisiciones realizadas mediante modalidad de “Compra Ágil” en que al mismo proveedor se le contrató el mismo servicio dos o más veces durante el mismo día.

3. Más de 1. 000 contratos suscritos entre julio 2025 y febrero de 2026, con compromisos fiscales de mediano y largo plazo.

4. Incorporación de más de 2. 500 funcionarios a las plantas de servicios en los últimos meses del año 2025.

5. Más de 1. 000 convenios terminados y pagados íntegramente con montos no rendidos totales que superan los USD 50 millones.

6. Identificación de cerca de 100. 000 trabajadores con licencias médicas superiores a un mes, incluyendo más de 1.

000 casos con extensión de más de un año. 7. Reparticiones con traspasos masivos de personal contratado desde honorarios a contrata en los meses finales del período anterior.

8. Asignación de recursos por montos relevantes a programas con evaluaciones insuficientes o deficientes.