El informe del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno detectó transferencias por más de USD 140 millones, miles de contrataciones y patrones de compra que levantan alertas de riesgo fiscal. El Gobierno dio a conocer los primeros resultados del “Informe de Inspección Total al Estado”, elaborado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), tras revisar más de 500 servicios públicos entre 2025 y marzo de 2026. El análisis identificó diversas alertas de riesgo en el uso de recursos fiscales, lo que activó un proceso de revisión más exhaustivo.
La subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, encabezó la presentación en el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal. La autoridad aclaró que los antecedentes “no constituyen por sí mismos irregularidades concluidas”, pero recalcó que requieren una investigación detallada para descartar eventuales faltas. Entre los hallazgos más relevantes, el informe detectó transferencias y convenios por más de USD 140 millones dirigidos a entidades con menos de un año de existencia.
Además, identificó posibles prácticas de fragmentación de compras, con más de 65 mil adquisiciones bajo “Compra Ágil”, donde un mismo proveedor fue contratado reiteradamente en un solo día por servicios similares. El documento también reveló la firma de más de mil contratos con compromisos fiscales de mediano y largo plazo, junto con otros mil convenios finalizados y pagados, pero con montos no rendidos superiores a USD 50 millones. En materia de personal, la auditoría evidenció la incorporación de más de 2.
500 funcionarios a planta hacia fines de 2025, además de traspasos masivos desde honorarios a contrata. A esto se suman cerca de 100 mil trabajadores con licencias médicas superiores a un mes, incluyendo más de mil casos que se extendieron por más de un año. Castillo calificó el proceso como un “hecho inédito”, destacando que más de mil auditores internos analizaron 213 millones de registros en tiempo récord.
“Estamos cumpliendo con el compromiso del Gobierno del presidente Kast de asegurar el cuidado de los recursos públicos”, afirmó. El proceso continúa en desarrollo. Los servicios deberán entregar antecedentes adicionales de los años 2022, 2023 y 2024, mientras el Ejecutivo avanza en la consolidación de resultados y eventuales derivaciones a otros organismos fiscalizadores.
En paralelo, el Gobierno designó a Cristián Muñoz como nuevo auditor general e incorporó al consejo a figuras como el excontralor Ramiro Mendoza y la exdirectora de Presupuestos Cristina Torres, con el objetivo de fortalecer el control técnico del gasto público.