Biobío tras el primer mes de Kast: agenda de reactivación y las expectativas ciudadanas A un mes de haber asumido la presidencia, José Antonio Kast ha dado a conocer una serie de medidas en materia económica, laboral y de seguridad. Desde su llegada a La Moneda el pasado 11 de marzo, desde el Gobierno se ha indicado que estas acciones forman parte de un plan orientado a enfrentar el crecimiento económico, el empleo y la seguridad pública. En ese contexto, desde el Ejecutivo se ha informado que uno de los focos ha sido la agilización de proyectos de inversión, particularmente aquellos que permanecían detenidos en el sistema de evaluación ambiental.
Según lo señalado por autoridades, la estrategia considera reducir los tiempos de tramitación de iniciativas que ya cuentan con aprobación, pero que se encuentran pendientes en procesos administrativos. A nivel nacional, el Gobierno ha informado que el plan contempla más de 40 iniciativas que en conjunto superan los 16 mil millones de dólares en inversión. En la región del Biobío, de acuerdo con datos oficiales, esta política se traduce en tres proyectos que suman 951 millones de dólares y que podrían avanzar en el corto plazo, con impacto en la actividad económica de la provincia.
INVERSION ENERGÉTICA Y SANITARIA Para la provincia de Biobío, se consideran iniciativas en generación eólica y disposición de residuos, con proyectos en proceso de avance. Se trata del parque eólico Junquillos, en Mulchén, con una inversión cercana a los 570 millones de dólares; el parque eólico Rinconada, emplazado entre Laja y Los Ángeles, con 365 millones; y la continuidad operacional del relleno sanitario de Laguna Verde, en la comuna de Los Ángeles, con cerca de 16 millones. Desde la institucionalidad ambiental, el énfasis ha estado en acotar los tiempos sin alterar las exigencias técnicas.
En esa línea, el seremi de Medio Ambiente del Biobío, Mario Delannays, explicó que el foco está en proyectos que ya cuentan con Resolución de Calificación Ambiental favorable, pero que permanecen detenidos por reclamaciones en curso. La autoridad detalló que la instrucción del Ejecutivo busca "destrabar procesos administrativos", fijando plazos claros para que los organismos competentes resuelvan estas reclamaciones, evitando que iniciativas ya evaluadas permanezcan indefinidamente paralizadas. En paralelo, Delannays, abordó el alcance de esta medida en el contexto del inicio del actual gobierno.
"Cuando uno asume el cargo, siempre hay que revisar en qué situación se recibe la política pública, los dictámenes, las normativas y los decretos para evaluar su implementación", precisó. La autoridad también se refirió al momento en que estos instrumentos fueron tramitados, en relación con el cambio de administración. "Se instalaron decretos y normas en los días previos al cambio de mando, y corresponde revisarlos antes de su entrada en vigencia.
Para eso se retiran, se analizan y eventualmente se reingresan", sostuvo. Además, manifestó que el retiro de estos decretos no implica necesariamente su eliminación, sino un proceso de evaluación que podría derivar en su reingreso con ajustes. "Algunas de estas iniciativas ya han sido reingresadas, por lo que se trata de un proceso de evaluación más que de una eliminación definitiva", indicó.
El mecanismo contempla que el Servicio de Evaluación Ambiental resuelva en un plazo acotado, seguido del pronunciamiento del Comité de Ministros en caso de ser necesario, con el objetivo de otorgar certeza tanto a inversionistas como a las comunidades. Este punto no es menor: desde el Gobierno se ha insistido en que no se trata de flexibilizar normas ambientales, sino de dar eficiencia a procesos que —según han planteado autoridades y gremios— se han extendido más allá de lo razonable. En la provincia de Biobío, este anuncio ha sido observado con atención, considerando que la ejecución de estos proyectos podría traducirse en empleo y dinamismo económico en un contexto donde la cesantía sigue siendo una preocupación relevante.
EL IMPACTO DEL AJUSTE AL MEPCO Sin embargo, este impulso a la inversión convive con presiones económicas inmediatas. Una de las más relevantes ha sido el alza de los combustibles, en un contexto donde el Gobierno ajustó el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), extendiendo a cuatro semanas el período de cálculo, lo que busca reducir la volatilidad, pero no evita las alzas. Este escenario ha impactado directamente al transporte de carga, un actor clave para el dinamismo productivo regional.
Desde ese sector, el presidente de los camioneros Centro Sur de Chile, Freddy Martínez, entregó una mirada que combina respaldo a la estrategia económica con preocupación por la contingencia. "Hemos escuchado atentamente las medidas del presidente (anunciadas esta semana en cadena nacional) en materia de inversión, empleo formal y seguridad. Creemos que van en la línea correcta: si hay seguridad, hay empleo, y si hay empleo, disminuye la cesantía", sostuvo.
El dirigente angelino enfatizó que la reactivación podría tener efectos positivos para su rubro. "Si hay más inversión, más industria y crecimiento, hay más toneladas que transportar, lo que nos da un escenario auspicioso como camioneros", afirmó. No obstante, advirtió que la realidad actual es compleja.
"Hoy tenemos un problema grave con el alza del combustible. Hay pequeños camioneros que están teniendo que poner dinero de su bolsillo para poder terminar un viaje", señaló. Según explicó, la situación se agrava porque no todas las empresas han ajustado sus tarifas.
"Hay grandes generadores que no han traspasado el alza del petróleo, y eso está provocando que los camiones estén dejando de circular por insolvencia", indicó. El impacto ya se refleja en la actividad. "En la última semana ha disminuido cerca de un 20 por ciento la circulación de camiones que viven del flete", afirmó, dando cuenta de un efecto directo en la economía real.
En ese contexto, planteó la necesidad de medidas urgentes. "Se requiere apoyo focalizado para los pequeños y medianos camioneros. Detrás de cada uno hay familias que están viviendo una incertidumbre muy fuerte", enfatizó.
A esta preocupación se suma la visión del transporte menor. Desde el gremio de taxistas, el presidente del sindicato de taxis de la provincia de Biobío y dirigente nacional, Juan Carlos Muñoz, señaló que el alza de los combustibles ha afectado fuertemente su actividad, considerando que su trabajo depende en gran medida del uso de bencina y petróleo. Si bien valoró el bono de 100 mil pesos mensuales por seis meses anunciado por el Gobierno, indicó que este solo permitirá mitigar parcialmente el impacto.
"Pretendemos aprovecharlo de la mejor forma para reducir en algo esta alza desmedida", afirmó. Muñoz también contextualizó que estas decisiones responden a políticas de Estado, aunque sus efectos se sienten directamente en la ciudadanía. "Indudablemente nos va a afectar a nosotros, pero también al ciudadano en general, porque todas las cosas van a subir", sostuvo, advirtiendo un efecto en cadena sobre el costo de la vida.
En esa línea, recalcó que el encarecimiento ya comienza a evidenciarse en bienes básicos. "Lo estamos observando en los supermercados, en las cosas más útiles para la convivencia diaria", señaló. El dirigente además expresó su inquietud por la falta de medidas más efectivas para contener el alza a través del mecanismo vigente.
"Esperamos que el Gobierno busque otra forma de aliviar en cierta medida el costo elevado que va a significar el transporte, tanto de carga como público", indicó. Finalmente, adelantó que el gremio llevará estas preocupaciones a una reunión con el ministro de Transportes fijada para el próximo 23 de abril. "Ahí también haremos saber nuestra posición y la preocupación en relación con lo que está sucediendo con el alza de los combustibles", concluyó.
PREOCUPACIÓN POR RECORTE EN EDUCACIÓN Y mientras el foco económico avanza, otras áreas comienzan a evidenciar tensiones. En el ámbito educacional, actores locales han levantado críticas respecto del enfoque del Gobierno. La presidenta del Colegio de Profesoras y Profesores de Los Ángeles, Ivonne Moya, manifestó su preocupación por el recorte presupuestario.
"Miramos con preocupación que se haya recortado en un tres por ciento el presupuesto de educación, lo que perjudica programas sociales y de convivencia escolar que no se pueden implementar", señaló. Asimismo, cuestionó el enfoque del sistema educativo. "Se deja de lado lo importante que es modificar el currículum nacional, ya que las escuelas y liceos solo están preparando alumnos para pruebas estandarizadas, olvidando la formación integral", indicó.
Desde su perspectiva, el desafío es formar estudiantes para la vida. "Se requiere preparar jóvenes capaces de resolver conflictos y ser un aporte a la sociedad", agregó, subrayando también el rol de las familias en la formación de valores como el respeto, la empatía y la inclusión. DEFENSA DEL RUMBO DE KAST Desde el Ejecutivo, en tanto, defienden el rumbo adoptado.
El seremi de Gobierno del Biobío, Daniel Pacheco, explicó que las proyecciones gubernamentales se enmarcan en un "Plan de Reconstrucción Nacional". Tras el primer mensaje presidencial de José Antonio Kast, el pasado miércoles, la autoridad regional dijo que "tiene como objetivo traer un reordenamiento fiscal, económico, institucional, en materia de orden público y también en lo social". Pacheco enfatizó que el diagnóstico busca transparentar la situación del país.
"Más que una comparación (con el gobierno anterior), nuestro Presidente fue responsable en mostrar la realidad. Los hechos hablan por sí solos", sostuvo. En cuanto a la implementación, indicó que existen distintas velocidades.
"Hay medidas administrativas que pueden ejecutarse rápidamente, pero también necesitamos que el Congreso avance en los proyectos", señaló. Desde una mirada regional, subrayó la urgencia de reactivar la economía. "Nuestra región tiene niveles de cesantía por sobre el promedio nacional, por lo tanto, incentivar la inversión es fundamental", indicó.
En materia de reconstrucción, tras los incendios forestales, destacó el compromiso con las familias afectadas, particularmente en Tomé. "Estamos hablando de cerca de cuatro mil familias que necesitan una respuesta concreta", afirmó, advirtiendo además que se requieren recursos cercanos a los 400 mil millones de pesos para completar el proceso. Otro de los focos de preocupación ha sido la seguridad en establecimientos educacionales, ante amenazas de tiroteos.
"Estamos trabajando en una mesa entre Seguridad y Educación para abordar esta problemática", explicó, agregando que existe también un componente de salud mental que debe ser abordado. LA VOZ DEL DELEGADO La dimensión territorial también ha sido recogida por el delegado presidencial provincial, Juan Pablo Mellado, quien enfatizó el despliegue como sello de gestión. "Ha sido un mes muy intenso.
Queremos estar en terreno, no encerrarnos en la delegación", afirmó. La autoridad destacó que la principal preocupación sigue siendo la seguridad. "Si no logramos recuperar la seguridad, avanzar en otros temas se hace más complejo", sostuvo.
Asimismo, señaló que la ciudadanía ha mostrado comprensión frente a decisiones difíciles. "Hoy día la ciudadanía entiende que hay que poner orden y que ese orden requiere un esfuerzo de todos", indicó. Finalmente, defendió el enfoque del gobierno.
"No hay cabida para el populismo ni para ocultar la realidad. Hay noticias duras, pero se están enfrentando con responsabilidad", concluyó. De este modo, el primer mes del gobierno de Kast en la provincia de Biobío aparece marcado por un despliegue territorial activo, una fuerte apuesta por la inversión —con foco en destrabar proyectos ambientales— y, al mismo tiempo, por tensiones en áreas clave como educación y seguridad.
En ese equilibrio entre crecimiento, institucionalidad ambiental, demandas sociales y percepción ciudadana se jugará, en gran medida, la evaluación futura de una administración que, en sus primeras semanas, ya deja ver tanto sus prioridades como los desafíos que deberá enfrentar en el territorio. PROMESAS EN PAUSA: LO QUE AÚN NO DESPEGA EN EL PRIMER MES DE KAST -A un mes de iniciado el gobierno de José Antonio Kast, varias de las promesas centrales de su campaña aún no muestran avances concretos o se mantienen en etapa inicial, ya sea por complejidades legislativas, prioridades de corto plazo o definiciones pendientes. Reforma profunda al Estado Uno de los ejes de campaña fue reducir el tamaño del Estado, eliminar ministerios y fusionar servicios públicos.
Sin embargo, hasta ahora no se han presentado proyectos de ley concretos en esta línea, más allá de anuncios generales sobre austeridad fiscal. Baja significativa de impuestos Kast propuso reducir el impuesto corporativo para incentivar la inversión. Aunque se ha reiterado como objetivo, no se ha ingresado aún una reforma tributaria formal al Congreso.
Control migratorio estructural Si bien se han anunciado medidas administrativas y refuerzo en frontera, propuestas más estructurales —como cambios legales profundos al sistema migratorio— aún no se materializan en iniciativas legislativas concretas. Sistema de seguridad reforzado El fortalecimiento de policías y cambios estructurales en seguridad fueron pilares de campaña. Aunque hay coordinación intersectorial en marcha, no se han presentado todavía reformas legales de gran alcance en esta materia.
Transformación del sistema educacional Más allá de anuncios en convivencia escolar, no se han abordado cambios de fondo al currículum ni a la estructura del sistema educativo, una demanda que incluso actores locales han comenzado a relevar. Reducción del gasto público Si bien el discurso ha sido claro en materia de austeridad, no se han detallado aún recortes estructurales específicos ni un plan integral de ajuste del gasto estatal.