Hace algunos días, bajo el argumento —legítimo en apariencia— de combatir las apuestas online ilegales o "alegales", Chile está cruzando una línea institucional mucho más profunda de lo que se quiere reconocer. No se trata solo de juego, ni de ludopatía, ni siquiera de protección de jugadores y de niños, niñas y adolescentes. Se trata de algo bastante más delicado: quién regula internet en Chile.

La reciente decisión de la Corte Suprema de ordenar a las empresas de telecomunicaciones bloquear sitios de apuestas online, y luego exigir que ese bloqueo sea total —incluso frente a los llamados “sitios espejo”— abre un precedente que, si no se corrige, redefine de facto el sistema jurídico digital del país. Y lo hace sin ley. El problema no es el objetivo.

Es el camino. Nadie discute que el mercado de apuestas online requiere regulación. Es más: la ausencia de reglas claras que es responsabilidad del Estado y de nadie más, ha generado un espacio gris donde proliferan riesgos evidentes, desde el fraude hasta la ludopatía y la imposibilidad de exclusión.

Pero precisamente por eso, el estándar debe ser más alto, no más bajo. Porque lo que hoy está ocurriendo es jurídicamente anómalo:Se está ordenando a privados bloquear contenidosSe les exige implementar tecnologías complejasSe les obliga a garantizar resultados (bloqueo efectivo total). Todo ello sin una ley que lo autorice ni reguleEsto no es un detalle técnico.

Es una ruptura del principio básico del Estado de Derecho: no hay potestad sin norma previa. De proveedores de internet a policías del contenidoEl efecto práctico de estos fallos es transformar a las empresas de telecomunicaciones —cuyo rol es transportar datos— en verdaderos agentes de control de contenidos. Es como pretender que en una carretera sea la concesionaria de la ruta y no la policía la que controle el exceso de velocidad.

En otras palabras:Ya no solo transmiten información ahora deben identificarla evaluarla y bloquearla ¿Con qué criterios? ¿Bajo qué estándares técnicos? ¿Con qué límites?

La respuesta es inquietante: no hay regulación al respecto. Y no hay potestad tampoco. Y peor aún, los propios tribunales han reconocido esa ausencia.

La paradoja institucional La Corte de Apelaciones había sido clara: no existe en Chile una regulación que permita exigir tecnologías como inspección profunda de paquetes (DPI) o mecanismos avanzados de bloqueo. Sin embargo, la Corte Suprema no solo revierte esa decisión, sino que exige el resultado: bloqueo efectivo. Es decir, se impone una obligación cuyo cumplimiento, en la práctica, requiere herramientas que el propio ordenamiento jurídico no contempla.

Esto genera una paradoja grave:se exige hacer lo que la ley no autoriza, mediante medios que tampoco están regulados. El riesgo real: un precedente expansivoQuienes ven esto como un problema acotado al mundo de las apuestas están mirando el árbol y no el bosque. Porque el precedente ya está instalado:Si se puede bloquear sin ley en este caso, qué impedirá mañana que se pueda bloquear sin ley en otros casos.

Mañana podría ser bloqueado:El contenido audiovisual, plataformas de streaming, redes sociales, medios digitalesBasta una acción judicial bien estructurada, y el sistema podría empezar a operar por precedentes, no por normas, y lo peor sin potestad ni regulación. Una regulación encubierta —y sin debate democráticoLo más delicado no es la medida en sí, sino su naturaleza. Lo que estamos viendo no es solo ejecución judicial.

Es, en los hechos:Una regulación sectorial encubierta, dictada caso a caso, sin discusión parlamentaria, sin evaluación técnica y sin control institucional previo. Y eso es particularmente problemático en un ámbito como internet, donde:las decisiones tienen efectos masivos, los errores generan sobrebloqueos y las soluciones técnicas pueden afectar derechos fundamentales El silencio del reguladorEn todo este proceso hay un actor llamativamente ausente: el regulador. Ni el legislador ha dictado una ley clara, ni la autoridad administrativa ha establecido estándares.

El resultado es que el sistema judicial está llenando ese vacío. Pero ese no es su rol. Porque cuando los tribunales comienzan a diseñar políticas públicas en ausencia de ley, lo que se debilita no es solo la técnica regulatoria.

Se debilita la arquitectura institucional completa. El trasfondo incómodoHay, además, un elemento que no puede ignorarse. Mientras se invoca la protección frente a la ludopatía y el juego ilegal, lo cierto es que el modelo actual favorece indirectamente a los operadores tradicionales que sí están regulados —o protegidos— dentro del sistema chileno.

Esto abre una pregunta incómoda, pero necesaria:¿estamos frente a una política pública coherente…o ante una forma indirecta de protección de mercado? Regular, sí. Pero por la vía correcta.

Chile necesita regular el juego online. Con urgencia. Pero hacerlo por la vía judicial, sin ley, sin estándares y sin límites claros, es una mala señal.

Porque cuando se relativiza el principio de legalidad para resolver un problema puntual, lo que se instala es un precedente que luego es muy difícil de contener. Y en materia digital, los precedentes escalan rápido. Una advertencia institucionalHoy es el juego online.

Mañana puede ser cualquier otro contenido. Por eso la discusión de fondo no es moral ni económica. Es institucional.

O el Congreso regula, o los tribunales seguirán haciéndolo. Pero cuando eso ocurre, el problema ya no es el contenido que se bloquea. Es el Estado de Derecho el que empieza a erosionarse.