La Cámara de Diputados aprobó este miércoles un polémico proyecto de resolución en el que se acordó "condenar" el "intento de golpe de Estado blando" que en octubre de 2019 "distintos sectores y partidos políticos de extrema izquierda" avalaron en contra del entonces Presidente Sebastián Piñera, en el marco del denominado estallido social. La controvertida iniciativa, que impulsó la Bancada de Diputados UDI y fue defendida por el diputado Jaime Coloma, fue aprobada por 69 votos a favor, 13 abstenciones y 52 en contra. Contando con el respaldo de todo el oficialismo y del Partido Nacional Libertario.

En tanto, fue rechazada en bloque por la oposición, mientras que el Partido de la Gente decidió abstenerse. En esa línea, el texto comienza mencionando que el 18 de octubre de 2019 "marcó un quiebre profundo en la historia reciente de nuestro país", señalando que "lo que comenzó como una protesta ciudadana contra el alza en la tarifa del Metro, derivó rápidamente en semanas de intensas manifestaciones y graves episodios de violencia", lo que puso en "serio riesgo la estabilidad institucional y democrática". "Los hechos ocurridos no podrían ser comprendidos únicamente como una crisis social que desbordó a las autoridades (...

) toda vez que la magnitud, coordinación y persistencia de la violencia desplegada configuraron un escenario de desestabilización institucional que, razonablemente, puede ser calificado como un golpe de Estado blando o tradicional contra un gobierno democráticamente electo", sostiene el texto. En el mismo documento, los parlamentarios no sólo recordaron las palabras del propio ex Presidente Piñera, quien manifestó que hubo un "intento de golpe no tradicional" en su contra, sino que también mencionaron las declaraciones del entonces director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, quien en 2023 aseguró que "a partir del 18 de octubre, ciertos actores políticos y sociales, a través de acciones directas, rápidas y violentas, quisieron apoderarse del gobierno". El proyecto de resolución apuntó directamente contra la exoposición, en particular el Partido Comunista y el Frente Amplio, declarando que "no sólo minimizaron" los hechos de violencia que se registraban en el país, sino que "los validaron de manera implícita y explícita".

Así, se agregó que "lejos de condenar sin matices la violencia insurreccional, estos sectores optaron por instalar un relato que justificaba el uso de la fuerza como herramienta política, normalizando los ataques a Carabineros y a las Fuerzas Armadas, así como los atentados a los bienes esenciales para la vida de los chilenos". En ese contexto, la Bancada de la UDI aludió a las declaraciones del expresidente del PC, Jorge Teillier, quien al día siguiente del inicio de las manifestaciones aseguró que el ex Presidente Piñera "no tiene capacidad de gobernar" y que "lo mejor sería que renunciara y llamara a nuevas elecciones". Asimismo, recordaron los dichos del exPresidente Gabriel Boric, quien como diputado manifestó que "evadir el Metro ante un alza injustificada o cortar una calle, en mi opinión, es una forma legítima de protesta".

Por último, la polémica resolución cuestiona las dos acusaciones constitucionales que se presentaron en contra del exMandatario y el homenaje que se le rindió a la llamada "primera línea" en el ex Congreso Nacional. Finalmente, concluye que "afortunadamente, los chilenos pusieron un límite claro a la deriva 'octubrista' y refundacional, rechazando de forma contundente la propuesta constitucional en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, cerrando democráticamente un ciclo marcado por la violencia, la polarización, el debilitamiento institucional y el intento de derrocamiento de un gobierno".