De igual manera, advirtió que los delincuentes igualmente pueden utilizar herramientas de anonimización, como redes privadas virtuales (VPN), lo cual limitaría la eficacia de una medida de este tipo. En ese sentido, indicó que la solución no necesariamente radica en establecer direcciones IP fijas, sino más bien en mejorar los mecanismos de coordinación institucional. Esto es, mejorar los tiempos de respuesta de las empresas de telecomunicaciones y los criterios para el acceso a la información por parte de las autoridades, resguardando siempre el marco legal vigente, en particular, la protección de las comunicaciones privadas.
Empresas de Telecomunicaciones Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones, Alfie Ulloa, reiteró que las direcciones IP funcionan como identificadores temporales dentro de la red, siendo asignadas dinámicamente por sesión de conexión y no de manera permanente a un usuario, domicilio o dispositivo. Añadió que, una vez finalizada una sesión, la dirección IP es reutilizada por otros usuarios. Ver presentación Por esta razón, el representante gremial coincidió en que, desde el punto de vista técnico, no es factible avanzar según la propuesta en trámite.
Asimismo, recalcó que esta complejidad se incrementa al considerar las conexiones móviles, donde la asignación IP varía dinámicamente según la red y la ubicación del usuario, lo que impide determinar con precisión una dirección física específica. Respecto a las críticas por la colaboración con las autoridades, Ulloa afirmó que las empresas tienen la obligación legal de conservar y entregar información cuando es requerida en el marco de investigaciones. Pero, precisó que la identificación de usuarios depende de variables como el momento exacto de la conexión y otros datos técnicos, como los puertos utilizados.
En su mayoría, las y los diputados compartieron la preocupación que motiva el proyecto de ley sobre la persecución de delitos digitales. Sin embargo, manifestaron ciertas aprehensiones.