La tarde de este martes la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados inició la tramitación del proyecto ingresado esta misma jornada por el gobierno para agravar las penas por delitos que se cometen en recintos educacionales. Como era de esperar, la mayoría de los diputados oficialistas que integran la instancia se mostraron a favor de la iniciativa, señalando que va en la línea correcta para hacer frente a la crisis de seguridad que se vive en instituciones de educación básica y media. Entre ellos, eso sí, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) requirió al ministro de Justicia, Fernando Rabat, que el Ejecutivo pudiera evaluar, vía el mismo articulado propuesto, agravar las penas por hechos delictivos que se concretan en recintos de salud.

Esto, como argumentó, con miras a solucionar un problema de características similares y así evitar tener que legislar dos veces sobre asuntos semejantes. Sin embargo, el secretario de Estado -cuya firma está estampada en el mensaje- detalló que hoy el foco está puesto en la violencia que se registra en colegios. “Efectivamente podrían extenderse a muchos otros objetivos y fines muy legítimos.

Hoy día este proyecto a lo que apunta es precisamente a la situación que se está viviendo en los establecimientos educacionales y el sentido y alcance que uno advierte en la normativa que se encuentra en discusión en esta comisión, es establecimientos educacionales de educación básica y media”, sostuvo Rabat. Consultado sobre la postura expresada por el representante del gobierno, el diputado Guzmán comentó a La Tercera que insistirán en buscar un articulado más amplio. “A través de este proyecto se está respondiendo una situación contingente, que es la violencia en los colegios.

Pero que hoy tengamos hechos de violencia grave en establecimientos educacionales no quita que todos los días tenemos hechos similares o más complejos incluso en los establecimientos de salud. Creo que acá aplica el aforismo, a igual razón, igual disposición, y al ser situaciones equivalentes en lo esencial, deben recibir el mismo tratamiento jurídico", sostuvo. Y agregó: “Esperamos lograr concordar con el Ejecutivo una redacción o propuesta alternativa que dé igual protección a los funcionarios de la salud”.

De acuerdo con fuentes que presenciaron la sesión de la Comisión, al finalizar Guzmán insistió sobre el punto a Rabat, aunque este volvió a reiterar lo mencionado. El primer argumento que levanta la administración del Presidente José Antonio Kast para impulsar el agravamiento de penas, es que de acuerdo con cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2025 se registraron 56. 153 casos policiales en establecimientos educacionales.

En ese sentido, como detallan en una minuta difundida a congresistas del sector, enfatizan en que los colegios “merecen esa protección especial porque son espacios donde niños y jóvenes en formación deben sentirse seguros. Delinquir en un colegio no puede tener la misma sanción que hacerlo en cualquier otro lugar”. De acuerdo con el mismo documento, aumentar las penas sería un disuasivo para quienes incurren en delitos.

“La evidencia sobre disuasión penal es mixta en cuanto a magnitud, pero el efecto simbólico y normativo sí importa: una agravante declara públicamente que un espacio es especialmente protegido. Además, la certeza de la pena más que su monto es lo que disuade. El objetivo no es solo sancionar más, sino enviar una señal clara de que el Estado no tolerará que las escuelas sean zonas de impunidad.

La pena disuade también porque el que delinque sabe que enfrenta consecuencias concretas", sostienen. Ante la posibilidad de que se les acuse de pretender criminalizar a estudiantes, los lineamientos del Ejecutivo apuntan a que “quien criminaliza a los estudiantes es quien los expone a la violencia sin protegerlos. El punitivismo sería aplicar estas normas de forma arbitraria y desproporcionada.

Pero revisar mochilas, pedir que los estudiantes estén a cara descubierta -que son medidas que se incluye en un proyecto paralelo- y sancionar más duramente a quien delinque en un colegio son medidas de sentido común. El 77% de los chilenos, incluyendo votantes de izquierda, cree que la violencia escolar ha aumentado". También se le detalla a los parlamentarios que el diagnóstico que sustenta las iniciativas recoge el testimonio y experiencia de directivos, profesores y asistentes de la educación.

“Los proyectos responden precisamente a lo que los propios profesores han pedido durante años: autoridad real en el aula y respaldo institucional. Que algunos dirigentes sindicales o estudiantiles disienten es esperable en democracia. Pero el gobierno legisla para los 800 mil estudiantes en establecimientos públicos y los millones de chilenos que exigen seguridad en las escuelas, no para las directivas sindicales”, agregaron.

Respecto de los plazos que maneja la Comisión de Constitución para la tramitación del agravamiento de las penas, el titular de la instancia, Jaime Mulet (FRVS), manifestó: “Es un proyecto que tiene suma urgencia. He pedido ya que citen para la sesión del próximo martes a la ministra de Seguridad Pública y a algunos especialistas para continuar con la discusión ya que tenemos la idea de sacarlo lo antes posible para tener elevadas las sanciones”.