En medio de la crisis por la violencia en establecimientos educacionales –que ya supera los 26 mil casos anuales– y de un debate legislativo que avanza bajo presión, el foco vuelve a instalarse en cómo enfrentar un fenómeno que está dejando de ser episódico para transformarse en estructural. Para Neftalí Carabantes, exsubsecretario de Carabineros y actual secretario general de la Universidad Central, el fenómeno no solo es preocupante, sino que también exige una mirada que vaya más allá de las respuestas inmediatas. “Estamos frente a un fenómeno preocupante y en alza.

Hoy hablamos de más de 26 mil casos de violencia escolar al año, con un incremento significativo en denuncias por maltrato, que han crecido en torno a un 38% en el último tiempo. Esto no solo afecta la convivencia escolar, sino también la percepción de seguridad: casi 8 de cada 10 personas consideran este problema como grave. Además, no es un fenómeno aislado de la educación escolar, sino que también se ha extendido al ámbito universitario, donde hemos visto agresiones a autoridades, uso de armas y situaciones que son completamente inaceptables en espacios que deberían ser de reflexión, diálogo y formación”, dice.

En respuesta a este escenario, el Ejecutivo ha promovido iniciativas como el plan “Escuelas Protegidas”, que incluye medidas como la revisión de mochilas, restricciones al uso de elementos que oculten la identidad y el endurecimiento de sanciones. Carabantes valora que exista una reacción del Estado, pero advierte sobre los riesgos de legislar bajo presión. “Es positivo que exista una reacción vehemente del Estado frente a hechos tan graves, pero hay que ser muy cuidadosos.

Las iniciativas como el plan ′Escuelas Protegidas′ incluyen medidas como registro y revisión de mochilas; la prohibición del uso de elementos que oculten identidad o, incluso, endurecimiento de sanciones. Sin embargo, el problema es que muchas de estas propuestas pueden afectar derechos fundamentales, como la privacidad de niños, niñas y adolescentes y, por lo tanto, deben ser discutidas con rigor y no desde la urgencia emocional. El riesgo es legislar rápido y consecuencialmente aprobar una ley simbólica y de nulo impacto real”.

Detectores de metales en la mira Uno de los temas más debatidos ha sido la instalación de detectores de metales en colegios. Frente a esta posibilidad, el académico plantea dudas tanto sobre su implementación como acerca de su efectividad. “No necesariamente.

Primero, porque sin un marco legal claro y un reglamento específico que regule y armonice su implementación, sería irresponsable instalar estos sistemas como una reacción emocional e inmediata frente a hechos puntuales. Además, hay una dificultad operativa enorme: no basta con instalar un pórtico. Se requiere, entre otras materias, controlar flujos de cientos de estudiantes, filas, atochamientos, retrasos, congestión en horarios de ingreso, personal capacitado, protocolos claros y coordinación con policías y Ministerio Público en caso de detección de armas.

También hay un tema de costos importantes: adquisición, mantención, infraestructura y personal”. A esto suma una crítica de fondo sobre su impacto real. “Ahí está el punto más crítico.

La evidencia internacional muestra que estas medidas no han sido lo efectivas que se esperaba, porque no atacan el problema de fondo. Desde luego, un arma puede quedar fuera del colegio y ser utilizada en las inmediaciones; los controles pueden ser evadidos y, además, no previenen conflictos que escalan sin armas. En el fondo, estamos frente a una medida reactiva y simbólica, de escasa efectividad”, subraya.

Más allá de su implementación, Carabantes apunta a efectos en la convivencia escolar. “Podrían generar efectos negativos relevantes. Por ejemplo, instalar detectores de metales puede transmitir una lógica de estigmatización y criminalización del estudiante, generando un ambiente más cercano a una cárcel que a un espacio educativo.

Esto, además, podría erosionar la confianza, afectar la convivencia escolar y podría incluso agravar el problema que se busca resolver”, señala. Aun así, plantea que su uso podría evaluarse en contextos acotados. “No necesariamente.

Pueden ser pertinentes en casos muy específicos y justificados, por ejemplo, en establecimientos que registren un nivel de violencia alto y grave o en colegios ubicados en zonas con alta criminalidad con cifras de violencia insostenibles, siendo condición necesaria para su instalación que exista acuerdo de la comunidad educativa. Es decir, deben ser medidas focalizadas, proporcionales y justificadas, no una política masiva”, puntualiza. Críticas a la restricción de beneficios Otro de los puntos más controvertidos es la propuesta de restringir beneficios como la gratuidad a estudiantes con antecedentes penales.

Aquí, el exsubsecretario es categórico. “No cabe ninguna duda de que la violencia hay que condenarla. Ahora bien, me parece una propuesta muy cuestionable.

Me explico: constitucionalmente esta propuesta avanza por el borde de la ilegalidad, pues el derecho a la educación no es una concesión que el Estado otorga a los ciudadanos buenos y niega a los malos, sino una garantía universal que debe protegerse sin discriminaciones ni sesgos de ninguna especie. A mi entender, estamos frente a una idea peregrina, histriónica y sin base legal”, enfatiza. Y agrega: “Estamos hablando de una medida que podría vulnerar el principio de igualdad ante la ley y generar discriminación arbitraria, pues el derecho a la educación no puede condicionarse a criterios de tener o no antecedentes penales.

Además, se estaría generando una especie de ‘doble sanción’: una persona ya cumplió una pena y luego el Estado le impone una nueva, impidiéndole acceder a educación superior. Eso va en contra de cualquier lógica de reinserción social”. El foco en las causas Para Carabantes, el problema de fondo no se resolverá con medidas de control, sino con un cambio en el enfoque educativo.

“Tenemos que ir mucho más allá de las medidas de control. El problema de fondo es cómo aprendemos a convivir. Por eso, la clave está en fortalecer la convivencia escolar desde el currículum, las mallas académicas y el trabajo pedagógico.

Esto implica incorporar el aprendizaje socioemocional, desarrollar habilidades para gestionar pulsiones, emociones, resolver conflictos, construir relaciones respetuosas y tomar decisiones responsables. Los países que han avanzado en esta línea –como los nórdicos– han logrado mejores resultados tanto en convivencia como en bienestar estudiantil”. En ese proceso, subraya, las comunidades educativas cumplen un papel fundamental.

“Un rol central. Primero, es necesario acompañarlas en momentos de crisis, especialmente cuando ocurren hechos graves. Luego, se debe trabajar en conjunto para abordar las causas estructurales de la violencia.

Además, cualquier medida de seguridad debe contar con el acuerdo de la comunidad educativa. No se puede imponer desde arriba”, dice. El diagnóstico final apunta a un desafío estructural.

“El gran desafío es dejar de reaccionar frente a los efectos y comenzar a trabajar sobre las causas. Desde luego, debemos trabajar por revertir el aumento crítico de agresiones –28. 000 por año–, pero si no abordamos la convivencia, la formación socioemocional, la salud mental y el contexto social en el que se desarrollan nuestros estudiantes, cualquier medida será insuficiente.

La seguridad en educación no se alcanza solo con control, sino además construyendo comunidad, con buena formación y confianza”, concluye.