El proyecto “Modificación Parque Ferial AGAC”, que contempla la instalación de un casino de la cadena Dreams en las cercanías del humedal urbano Cajón del Río Claro y el estero Piduco, en Talca, región del Maule sumó un nuevo revés judicial, luego de que el Juzgado de Garantía de esa ciudad declarara admisible la querella interpuesta por la organización ambiental Bio Eco Terra. Esta acción judicial apunta a eventuales responsabilidades penales vinculadas a la ejecución del proyecto sin evaluación ambiental, abriendo la puerta a sanciones que podrían afectar tanto a los titulares como a funcionarios públicos involucrados en la tramitación. Cabe recordar que el proyecto —avaluado en 21 millones de dólares— contempla un complejo de alto impacto: casino de juegos, restaurantes, salones de eventos, centro de convenciones y un boulevard comercial.

Todo ello en el sector ex FITAL, colindante al humedal urbano Cajón del Río Claro y Estero Piduco, reconocido oficialmente en 2024 y sujeto a estándares reforzados de protección ambiental. Elusión al SEIEA y contradicciones en la profundidad de excavaciones La querella presentada por Bio Eco Terra en contra de la sociedad titular del proyecto —Sociedad de Ríos Claros S. A.

—se deriva de una serie de denuncias que acusan que esta iniciativa habría eludido su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pese a emplazarse en una zona sensible que cuenta con napas subterráneas. Según los antecedentes, en la consulta de pertinencia presentada ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el titular informó que las excavaciones no superarían los 1,4 a 1,6 metros, lo que descartaría impactos sobre el acuífero. Sin embargo, documentos posteriores —incluyendo antecedentes presentados por la propia empresa ante tribunales— confirmarían excavaciones cercanas a los 3 metros, lo que supone el doble de profundidad de lo informado originalmente.

Si esos antecedentes se corroboran, el supuesto técnico que permitió excluir el proyecto de SEIA quedaría en entredicho. Riesgo sobre el acuífero y advertencias previas Cabe señalar que todo esto habría ocurrido, pese a que existían antecedentes técnicos previos —como informes de la Dirección General de Aguas (DGA)— que advertían sobre la sensibilidad del terreno y los nocivos impactos que las intervenciones de esa magnitud podrían generar en el acuífero. A pesar de las advertencias, las gestiones emprendidas tanto por la empresa como por autoridades ambientales, la instalación del Casino Dreams Talca logró obtener luz verde sin necesidad de haberse sometido a evaluación ambiental, una decisión que ha generado críticas y cuestionamientos; instalando en la opinión pública una pregunta incómoda: ¿Están funcionando realmente los controles ambientales en Chile?.

Fiscalización tardía de un proyecto en ejecución La admisión de la querella por parte del Juzgado de Garantía de Talca se produce justo en un momento en que las obras ya se encuentran en ejecución. Pese a las múltiples denuncias ciudadanas, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) recientemente decidió solicitar nuevos antecedentes a la DGA para evaluar posibles daños, lo cual ha sido calificado por organizaciones ambientales como una «reacción tardía» ante hechos ya consumados. Asimismo, la acción judicial coincide con el reciente retiro por parte del gobierno de José Antonio Kast de 43 decretos ambientales de la administración anterior desde la Contraloría, un hecho que ha abierto dudas sobre la consistencia de la política ambiental y la continuidad de ciertos estándares regulatorios.

Posibles responsabilidades penales Ante este escenario, la querella de Bio Eco Terra busca establecer eventuales responsabilidades penales por la entrega de información contradictoria o incompleta a la autoridad, así como por la ejecución de obras que podrían haber requerido evaluación ambiental obligatoria. Desde la organización ambiental han señalado que este caso no solo se cuestionan las acciones del titular del proyecto, sino también a la actuación de los organismos públicos que permitieron que la instalación del casino avance sin exigir el ingreso al SEIA, pese a los informes que han alertado sobre sus impactos en el humedal urbano Cajón del Río Claro y el estero Piduco. Tras la admisión de la querella por parte del Juzgado, el caso del casino en el humedal de Talca suma una nueva arista judicial, que se suma a los procesos administrativos en desarrollo y a la creciente presión social por que se garantice la protección de los humedales urbanos.

Lo que está en juego no es solo un casino en Talca, sino la eficacia real del sistema de evaluación ambiental frente al poder económico.