La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó este viernes 10 de abril el recurso de apelación presentado por la defensa y confirmó la prisión preventiva de Javier Troncoso Chuñil, imputado como autor de los delitos consumados de parricidio, maltrato habitual, inhumación ilegal, maltrato corporal relevante y trato denigrante, además del delito frustrado de robo con violencia e intimidación, en el marco de la desaparición de su madre, Julia Chuñil. En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución apelada, al considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. De acuerdo con la Fiscalía, alrededor de las 23:00 horas del viernes 8 de noviembre de 2024, Troncoso Chuñil llegó en estado de ebriedad y ofuscado al domicilio que compartía con su madre.
En la vivienda también se encontraban sus hermanos, Pablo San Martín y Jeannette Troncoso, además de una amiga de la víctima y un adulto mayor de 90 años que residía en una dependencia contigua. En ese contexto, mientras el grupo se encontraba reunido en el living comedor, el imputado se abalanzó sobre el adulto mayor y le exigió la entrega de aproximadamente $212. 000, correspondientes a su pensión.
Ante la negativa, lo agredió con golpes de puño en el rostro, lo amenazó de muerte y le colocó un cuchillo en el cuello. Julia Chuñil intervino en ese momento, iniciándose un forcejeo en el que logró arrebatar el arma blanca y lanzarla fuera del inmueble. Tras frustrarse el robo, el imputado atacó a su madre al interior de la vivienda y continuó la agresión en el exterior, donde finalmente la estranguló presionando su cuello con ambas manos, hechos que —según la Fiscalía— fueron presenciados por Pablo San Martín y Jeannette Troncoso, imputados sin que intervinieran para auxiliar a las víctimas.
Posteriormente, Troncoso Chuñil, junto a su hermano, trasladó y ocultó el cuerpo de la víctima en un lugar que hasta ahora no ha sido ubicado. Según la investigación, los involucrados también habrían quemado vestimentas, guardado silencio y entregado información falsa a las autoridades. En ese contexto, acordaron que una de las imputadas concurriera a Carabineros para presentar una denuncia por presunta desgracia, acción realizada el 10 de noviembre de 2024 con el objetivo de desviar la investigación.
Semanas después, de acuerdo con el Ministerio Público, los hijos de la víctima comenzaron a actuar como herederos, apropiándose de bienes y vendiendo animales y una carreta, repartiéndose el dinero. Incluso, el 8 de diciembre de 2024, el principal imputado realizó una cotización para adquirir una sepultura familiar en el cementerio Parque Los Laureles.