Un médico corajudo El abogado señaló en su alegato que Chelén merece “un homenaje”, puesto que “él llegó a los minutos de que José Tohá había fallecido, ¿y qué es lo que dice? Que se trata de un homicidio que se quería simular como un suicidio, por varias razones, entre ellas, que el círculo del vínculo que le rodeó el cuello era completo y eso no sucede en los suicidios por ahorcamiento”. En efecto, Chelén declaró a la Justicia que “el cadáver tenía su cara hacia arriba; añade que el surco era completo y ello estaría en contradicción con un ahorcamiento voluntario, pues en los suicidios este surco es incompleto, lo que corrobora la tesis de que la muerte fue obra de terceros por estrangulamiento; que no firmó el informe pericial que consignó muerte por ahorcamiento tipo suicida y no sabe quién lo redactó; que a los dos meses fue exonerado de su cargo de médico criminalista por falta de confianza”.

Caucoto añade que además, luego de haber estado meses en condiciones lamentables en el campo de prisioneros de Isla Dawson y en la Academia de Guerra Aérea (AGA), el exsecretario de Estado se encontraba desnutrido, sin fuerza alguna, lo que le habría impedido ejecutar la autoeliminación, y hay otro antecedente fundamental: “No podía suicidarse en las condiciones que se hizo, porque él medía 1. 92 y se ahorcó en el tubo de un clóset que no mide más de 1. 60”.

En ese sentido, precisa que “es un crimen de lesa humanidad que no puede quedar impune, sobre todo fue provocado por agentes del Estado, porque el Hospital Militar es un cuartel para todos los efectos”. A ese respecto, precisa que el recinto de salud incluso contaba con una unidad de inteligencia –el “Departamento de Seguridad”, que era dirigido por el suboficial Patricio Silva Abarca– y que un ejemplo de la operatoria de este es que el 4 de abril de ese mismo año fue internado en dicho nosocomio, con heridas de bala, el profesor de la Universidad de Chile Gonzalo Toro Garland (sobrino del general de Ejército Horacio Toro, que en democracia fue designado como director de la PDI por Patricio Aylwin), quien luego desapareció desde el recinto. Muchos años más tarde quedó claro que fue secuestrado y entregado a la DINA, motivo por el cual el entonces ministro en visita Mario Carroza “procesó a los miembros del equipo de seguridad, porque ellos eran los que monitoreaban los pasos de los prisioneros que llegaban al hospital”, dice Caucoto, condenando tanto a Silva como al agente de la DINA Manuel Carevic a siete años de presidio por el secuestro calificado de Toro.

A ese respecto, detalla que los querellantes en el caso de José Tohá han solicitado varias veces el procesamiento de Silva, sin resultados, por lo cual se están pidiendo algunas diligencias relacionadas con su persona, así como también se solicitarán antecedentes acerca del despido de Chelén desde la PDI, en caso de que se reabra la causa. Un largo camino Caucoto señala que recién después de 41 años de la muerte de Tohá “se condenó por aplicación de tormento a dos agentes de la FACh”, en referencia a los exagentes de inteligencia de la Fuerza Aérea Ramón Cáceres Jorquera y Sergio Contreras Mejías, quienes fueron condenados a tres años de presidio por haber torturado a Tohá mientras se encontraba recluido en la AGA y luego en el propio Hospital Militar. Asimismo, agrega que recién a los 47 años del homicidio se produjo el procesamiento de Chován y que, por ende, pese al tiempo transcurrido, confían en que la Corte capitalina acoja la solicitud, revoque la decisión de primera instancia y ordene que el caso se siga investigando.