La Corte de Apelaciones de Valdivia no solo le cerró la puerta a la prisión preventiva que buscaban la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad Pública en el Caso Lincolao. También dejó en entredicho la ofensiva política del Gobierno, con la ministra Trinidad Steinert al frente de una estrategia que buscó recalificar los hechos como un “secuestro” de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao. En fallo unánime, el tribunal mantuvo para los tres estudiantes de la Universidad Austral las cautelares de firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima, descartando enviarlos a la cárcel mientras avanza la investigación.

La resolución confirmó lo que ya había resuelto el Juzgado de Garantía de Valdivia, que también rechazó la prisión preventiva. La Primera Sala sostuvo que las medidas vigentes resultan “apropiadas y proporcionales a los fines del procedimiento”, y con eso frenó, por ahora, la arremetida del ente persecutor y del Ministerio de Seguridad Pública para endurecer la situación procesal de los estudiantes. Caso Lincolao: la Corte le baja el tono a la tesis del Gobierno El punto más sensible del fallo no pasó solo por las cautelares.

Según lo informado por El Mostrador, durante la audiencia el tribunal cuestionó de manera directa la tesis del Ejecutivo, que intentó encuadrar el caso como un “secuestro político” bajo la Ley de Seguridad del Estado. El ministro Óscar Castro calificó esa imputación como “genérica” y advirtió que hablar de secuestro sería “exacerbar la norma”. La observación no fue menor.

Porque el intento del Gobierno de empujar una recalificación de los hechos como privación de libertad no logró convencer a la sala. De hecho, uno de los puntos que quedó bajo análisis fue que la ministra habría permanecido en el recinto también por razones de seguridad, lo que no equivale automáticamente a una retención ilegal. Dicho simple: la Corte no compró la idea de que el caso pudiera escalarse sin más a la categoría de “secuestro”.

Qué pasó en la Universidad Austral El caso se remonta al 8 de abril, durante la inauguración del año académico en la Universidad Austral, ceremonia a la que asistió la ministra Ximena Fabiola Lincolao Pilquián. Según la imputación del Ministerio Público, la actividad fue interrumpida por una protesta estudiantil contra las políticas del gobierno en materia educacional, en medio de críticas por recortes y otras medidas. De acuerdo con la versión presentada por Fiscalía, la ministra permaneció por cerca de dos horas al interior del Aula Magna mientras se desarrollaba la manifestación.

Más tarde, en el trayecto hacia el vehículo fiscal, se habrían producido agresiones y daños al automóvil. Por esos hechos, el Ministerio Público imputó a los tres estudiantes como autores del delito consumado de atentado contra la autoridad. Qué cambia tras el fallo En lo inmediato, la decisión significa que los estudiantes seguirán el proceso sin prisión preventiva.

Es decir, continúan sujetos a cautelares, pero el tribunal no acogió la tesis de la Fiscalía y del Ministerio de Seguridad Pública, encabezado por Trinidad Steinert, de que era necesario encarcelarlos mientras se investiga. Pero el efecto político del fallo va más allá. En un caso que ya venía cargado por el perfil de la autoridad involucrada y por el debate sobre la protesta estudiantil, la Corte marcó un límite claro: las medidas ya decretadas bastan, por ahora, para resguardar el procedimiento, y la tesis del “secuestro” no logró sostenerse con la fuerza que el Ejecutivo intentó instalar.

En otras palabras, no solo cayó la prisión preventiva. También empezó a desarmarse el relato más agresivo con que el Gobierno, y en particular la ministra Trinidad Steinert, intentó escalar el Caso Lincolao.