En septiembre de 2025, el Consejo para la Transparencia (CPLT) entregó los resultados de su fiscalización a los municipios que recibieron ingresos por royalty minero, revelando que un 61% de ellos no había cumplido con la obligación de consignar el uso de estos recursos en sus sitios de transparencia activa. La fiscalización se realizó para analizar el destino de los aportes entregados a las municipalidades entre 2024 y una muestra de 2025. Para ese entonces, las comunas beneficiarias con el royalty fueron 307, entre las que se distribuyó un total de $93.
645 millones. El informe de Transparencia dio cuenta además que entre los cinco mayores receptores estaban las comunas de Puente Alto, Calama, Maipú, Copiapó y La Pintana. En tanto, el gasto más alto reportado correspondió a una transferencia de la Municipalidad de Maipú a su Corporación Municipal de Educación (CODEDUC) por $1.
670 millones. CPLT: "Brecha importante de transparencia y rendición" Consultada sobre las fiscalizaciones al buen uso de los recursos del royalty, la presidenta del CPLT, Natalia González, señaló que "los recursos que se están transfiriendo a los municipios vía ley del royalty son sustantivos y con tendencia incremental". En ese sentido, explicó que la ley del royalty, respecto de estas transferencias a municipios, no contempla limitaciones al uso de estos recursos más allá de la regla general de destinarlos a la mayor calidad de vida de las comunidades.
"Por ello, conocer mediante transparencia activa cómo se gastan, es una materia de alto interés público". "Nuestra última fiscalización, del 2024, evidenció que los gobiernos locales aún tienen una brecha importante en transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de estos recursos, cuyo destino además ha sido muy diverso. El compromiso de nuestra corporación es acortar esta brecha con todas las herramientas que nuestra ley nos otorga y promover los cambios legales adicionales que correspondan para que así sea", subrayó.