Una declaración pública firmada por centros de estudiantes de liceos públicos de la Región Metropolitana expresó un fuerte cuestionamiento al proyecto de ley denominado “Escuelas Protegidas”, junto con manifestar preocupación por las medidas de ajuste presupuestario que afectan al Ministerio de Educación. En el documento cuestionaron el enfoque del proyecto, afirmando que “resulta insuficiente y contraproducente, al centrarse principalmente en medidas de control, vigilancia y sanción, sin abordar de manera integral las causas estructurales”, señala el texto. “La iniciativa adopta un carácter punitivista que no solo limita su efectividad, sino que puede profundizar las dinámicas de conflicto”, sostienen.

Asimismo, cuestionan medidas específicas como la revisión de mochilas, indicando que generan dudas respecto a su impacto en derechos fundamentales. “Instalan una lógica de desconfianza hacia el estudiantado y abren espacio a prácticas arbitrarias”, afirman. Otro de los puntos críticos apunta a la falta de definiciones claras dentro del proyecto.

En particular, mencionan conceptos como “objeto peligroso” y la ausencia de protocolos detallados, lo que —según advierten— podría derivar en interpretaciones dispares y eventuales vulneraciones de derechos. “Existe preocupación por la falta de definiciones claras en el proyecto, lo que podría traducirse en vulneraciones de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes”, agregan. El documento también pone énfasis en los efectos que podrían tener las medidas disciplinarias sobre estudiantes con necesidades educativas especiales, advirtiendo posibles escenarios de exclusión.

A esto se suman reparos a restricciones vinculadas a la vestimenta o a la manifestación estudiantil, las que —a juicio de los firmantes— podrían afectar libertades como la expresión y la organización. Junto con las críticas al proyecto, los centros de estudiantes manifestaron inquietud por los recortes presupuestarios en educación impulsados por el Ministerio de Hacienda, en el marco de la polémica Circular N°16. “Constituye una medida regresiva que no considera las condiciones actuales de la educación pública”, sostienen, advirtiendo que estos ajustes podrían impactar el acceso, permanencia y proyección educativa de miles de estudiantes.

En términos generales, el texto advierte que tanto el proyecto como las políticas de ajuste podrían “profundizar la crisis de la educación pública”, debilitando su capacidad de respuesta y afectando especialmente a los sectores más vulnerables. Frente a este escenario, los estudiantes plantean la necesidad de reconsiderar la iniciativa legal. “Planteamos la necesidad de evaluar su eliminación y avanzar hacia políticas públicas con un enfoque integral, formativo e inclusivo”, señalan.

Finalmente, el documento hace un llamado a las autoridades a incorporar la voz del estudiantado en la elaboración de políticas públicas. “Consideramos fundamental manifestar una postura de rechazo ante la posibilidad de nuevos recortes al Ministerio de Educación, así como exigir transparencia respecto al impacto del ajuste ya implementado”, concluyen. El documento fue suscrito por establecimientos emblemáticos como el Instituto Nacional y los liceos 1 Javiera Carrera, 4 Isaura Dinator, Manuel Barros Borgoño, Carmela Carvajal, 7 José Toribio Medina, Experimental Artístico, Confederación Suiza, Aplicación y José Victorino Lastarria.