En esa línea, el investigador del informe, Joaquín Salinas, destacó la importancia de relevar tanto el rol de las personas defensoras como las condiciones en las que desarrollan su rol. «Documentar la situación de las personas defensoras implica reconocer su rol fundamental en la protección del medio ambiente y visibilizar los contextos de violencia en los que desarrollan su labor. Esto se proyecta a través de indicadores como las formas de agresión, el género, la pertenencia a pueblos indígenas y los mecanismos de denuncia utilizados», sostuvo Salinas.
Testimonios Junto con sistematizar cifras, el informe también recoge testimonios y experiencias de quienes han enfrentado agresiones, visibilizando no solo los actos de violencia, sino también las historias, identidades y preocupaciones compartidas por quienes defienden sus territorios en el contexto de la crisis climática actual. En este escenario, las voces recogidas en el informe advierten sobre una realidad que va más allá de las cifras. Alejandra Parra, una de las defensoras ambientales incluidas, advirtió, en una declaración crítica sobre el escenario nacional, que actualmente existiría un debilitamiento en las condiciones de protección para quienes defienden el medio ambiente.
«En un gobierno que desprotege la naturaleza y protege a los empresarios, la situación de las y los defensores ambientales se hace más frágil y peligrosa. Y dado que la tendencia política en Chile es hacia la regresión ambiental y de derechos humanos, los tratados internacionales ratificados por nuestro país se vuelven una herramienta de defensa», planteó Alejandra Parra. Finalmente, desde la ONG Escazú Ahora resaltaron que este informe «pone en evidencia la urgencia de avanzar en la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú, en un escenario donde la protección de quienes defienden el medio ambiente sigue siendo una deuda pendiente para quienes hacen de la defensa del territorio su principal forma de resistencia».