Tercero, porque el verdadero problema chileno no parece estar en la ley, sino en su aplicación. La reducción significativa en la persecución penal de infracciones sugiere una debilidad institucional más que normativa. Y aquí está el punto clave: no se trata de legislar más, sino de hacer cumplir mejor lo que ya existe.
A diferencia de otros países de la región, Chile cuenta con un marco jurídico relativamente robusto y una tradición de cumplimiento de estándares internacionales. Sin embargo, enfrenta dificultades en observancia, coordinación institucional y adaptación a los desafíos del entorno digital. En este contexto, la inclusión en esta lista de vigilancia prioritaria debería leerse menos como una sanción y más como una señal.
No necesariamente de atraso, sino de desalineación en un escenario global donde la propiedad intelectual se ha convertido en un instrumento estratégico. La discusión, entonces, no es si Chile debe "salir de la lista", sino más bien, si queremos seguir importando estándares regulatorios o construir un modelo propio, coherente con nuestras capacidades, prioridades y desafíos tecnológicos. Porque en propiedad intelectual, lo relevante es definir qué tipo de economía queremos proteger y promover en el largo plazo.
Agustina Davis Komlos Académica Derecho Universidad Andrés Bello (UNAB).