La exposición del director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados desató un fuerte cruce político, evidenciando posiciones contrapuestas sobre la salida de la exsubdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña y la falta de respuestas claras ante una pregunta: ¿Tuvo un rol la ministra Steinert en la salida de Peña?. Durante su presentación, Cerna reiteró que la decisión de llamar a retiro a la oficial se ajustó plenamente a la normativa vigente y que corresponde a una atribución propia de su cargo como jefe de la institución. Sin embargo, las explicaciones no lograron despejar las dudas en la oposición, donde varios parlamentarios cuestionaron la falta de antecedentes concretos y apuntaron al Gobierno como responsable político de la controversia.
Desde el Frente Amplio, la diputada Tatiana Urrutia sostuvo que el Ejecutivo ha sido “incapaz” de entregar una explicación clara, lo que ha obligado a la PDI a asumir un rol que no le corresponde. “Nosotros agradecemos al director de la PDI, quien ha venido con toda la voluntad de la institución a dar cuenta de unas preguntas que el gobierno ha sido incapaz de responder, no solo a este congreso, sino a la opinión pública que ha visto un desorden y una improvisación”. En la misma línea, el diputado socialista Raúl Leiva calificó como “injusto” que el director de la PDI deba responder por una situación que —a su juicio— tiene un origen político, señalando además que no se aportaron nuevos elementos durante la sesión.
“Nos parece extremadamente injusto que tenga que venir el director general de la Policía de Investigaciones a dar respuesta por una problemática política. No se aportó ningún antecedente nuevo, el director lo que plantea es que efectivamente en la forma y conforme a la ley, quien cursa la baja o el retiro es él”. Otros legisladores también manifestaron insatisfacción con la exposición.
Desde el Partido Comunista, el diputado Bernardo Salinas afirmó que el director no respondió las preguntas clave, mientras que desde la Democracia Cristiana advirtieron que persisten dudas sobre la legalidad de las actuaciones vinculadas al caso. En contraste, desde el oficialismo defendieron la intervención de Cerna y dieron por cerrada la polémica. El presidente de la comisión, el diputado Cristián Araya (Republicanos), aseguró que la exposición fue “clara y contundente” y que la decisión quedó completamente zanjada como una facultad institucional.
“Es una decisión propia del ejercicio de sus funciones y que quedó absolutamente zanjada en la Comisión de Seguridad. Hay que seguir avanzando”, aseguró. En la misma línea, desde Renovación Nacional se valoró que el director haya reafirmado que las decisiones de nombramiento y retiro corresponden al jefe del servicio.
El diputado Mauro González (RN) sostuvo que “ha quedado muy claro y él la ha reconocido fuerte y claro, señalando que el jefe superior del servicio es el que toma las decisiones de nombramiento o remoción o llamado a retiro. Y eso fue lo que hizo el director de la PDI. Lo lamentable de esto es que, sin lugar a duda, acá se ha querido hacer un punto político”.
Mientras, desde la UDI se insistió en que no hubo intervención externa ni de la ministra de Seguridad en la determinación. El diputado Jaime Coloma respaldó la actuación institucional, afirmando que “acá no hubo mano de terceros”, aseguró. “yo le diría a la oposición que, por favor, deje trabajar a la ministra Steinert y también a la PDI”.
El episodio refleja una división política que se mantiene abierta, ya que mientras el oficialismo busca cerrar el capítulo, desde la oposición han advertido que continuarán las acciones de fiscalización, incluyendo eventuales medidas como una interpelación a la ministra Trinidad Steinert. La controversia se enmarca en una secuencia de hechos que incluye el envío de un oficio desde el Ministerio de Seguridad a la PDI y la posterior salida de Peña, lo que ha generado cuestionamientos sobre la eventual existencia de presiones políticas en la decisión. Con la comparecencia de Cerna, el caso entra en una nueva fase, donde el foco se mantiene tanto en las explicaciones institucionales como en las responsabilidades políticas asociadas al episodio.