A continuación la declaración completa firmada por distintas sociedades científicas de Chile que dejan de manifiesto su preocupación pues «decisiones de política pública en Chile revelan una comprensión parcial y preocupantemente reduccionista del conocimiento, de los ecosistemas y del rol del Estado en el desarrollo de la sociedad». Ciencia, conocimiento y medio ambiente: bienes que Chile no puede sacrificar Santiago, mayo de 2026 Las comunidades científicas y académicas que suscriben esta carta comparten una preocupación que no puede expresarse sólo en seminarios ni en publicaciones técnicas: las recientes señales y decisiones de política pública en Chile revelan una comprensión parcial y preocupantemente reduccionista del conocimiento, de los ecosistemas y del rol del Estado en el desarrollo de la sociedad. El conocimiento científico no surge espontáneamente ni se sostiene por inercia.
Requiere financiamiento estable, instituciones sólidas y personas formadas durante años en disciplinas que rara vez producen resultados inmediatos. Detrás de cada avance que hoy damos por sentado —un tratamiento médico, una variedad agrícola resistente a la sequía, un protocolo de manejo de aguas— hay décadas de investigación acumulada y capital humano construido con paciencia. Cuando se propone descontinuar los instrumentos que sostienen esa cadena, no se está haciendo un ajuste contable: se está cortando el origen del río y preguntándose después por qué no hay agua.
Reducir el valor de la investigación académica a los empleos directos que genera en el corto plazo es una confusión de escala temporal con consecuencias reales. Los libros, artículos y publicaciones científicas no son adornos del sistema académico: son mecanismos de validación, memoria y transferencia de conocimiento. Una publicación especializada puede parecer abstracta desde la urgencia económica, pero forma parte del trayecto que permite a investigadores jóvenes asesorar territorios, desarrollar soluciones biotecnológicas o diagnosticar enfermedades emergentes.
Las economías que adoptaron este principio exportan hoy tecnología y talento; Chile sigue siendo intensamente dependiente de sus recursos naturales. La única salida estructural requiere una inversión sostenida en ciencia, educación e innovación. Esa misma ciencia que se juzga improductiva es la que nos ha permitido comprender que no todos los territorios son equivalentes.
Los humedales son un ejemplo paradigmático: durante décadas fueron tratados como espacios sin valor. La investigación demostró lo contrario. Hoy sabemos que regulan los ciclos hidrológicos, almacenan carbono, sostienen la biodiversidad endémica y actúan como amortiguadores naturales frente a las inundaciones que afectan a miles de familias chilenas cada invierno.
Ignorar esa evidencia no es sentido común: es asumir costos sociales y ambientales que alguien termina pagando. Lo que une estas dimensiones no es una defensa corporativa ni una posición partidista, sino una cuestión básica de responsabilidad pública: reconocer que ciertos bienes no tienen precio de mercado inmediato, pero sí un valor social y estratégico enorme. Los países que han confundido el valor con el precio han pagado altos costos en competitividad, vulnerabilidad ambiental y exclusión social.
Chile tiene la oportunidad de no repetir ese error. Solicitamos que cualquier revisión presupuestaria o normativa se realice mediante procesos transparentes, con la participación de comunidades académicas, centros de investigación y organismos técnicos competentes, resguardando los instrumentos estratégicos para la formación avanzada, la investigación colaborativa, la protección ambiental y la circulación del conocimiento. Convocamos a la ciudadanía a valorar y defender estos bienes comunes como condiciones concretas para un futuro más justo, más próspero y más resiliente.
Una sociedad que no invierte en comprender el mundo que habita no está ahorrando: está hipotecando su futuro.