Recientemente, la Corporación Humanas presentó los resultados de la XV Encuesta sobre Percepciones de las Mujeres sobre sus condiciones de vida y el país. La medición, disponible en su sitio web, que fue realizada junto al Observatorio de Género y Equidad y la consultora Tú Influyes, arroja cifras que no son meros síntomas, sino el reflejo de un orden estructural que continúa dándole la espalda a las mujeres trabajadoras. Es alarmante que un 77% de éstas declare sentirse insegura en la calle y un 69% en el transporte público.

Estas cifras no deben reducirse únicamente al fenómeno general de la delincuencia; representan, en rigor, una barrera de género. Una ciudad hostil condiciona nuestra autonomía: si el trayecto se percibe como un espacio de riesgo, el acceso al desarrollo integral se ve cercenado. Avanzar en este punto requiere dejar de entender la seguridad pública como un asunto exclusivo de «policías y cámaras», para integrarla como un eje de la planificación urbana.

Si la ciudad es hostil, la libertad de movimiento de las mujeres se convierte en un privilegio y no en un derecho. Se requiere un urbanismo con perspectiva de género que garantice rutas seguras mediante la identificación de «puntos ciegos», el aumento de luminarias en paraderos y sitios eriazos, y la integración tecnológica en aplicaciones de transporte para reportar acoso con respuesta inmediata. Asimismo, es necesario promover turnos laborales flexibles para que el retorno no coincida con horarios de baja frecuencia de transporte, junto al diseño de protocolos de seguridad específicos en la materia.

Por otro lado, la encuesta indica que, mientras un 92% de nosotras valora el trabajo remunerado como motor de libertad personal, seguimos enfrentando un 54% de discriminación percibida. La demanda por igualdad salarial (68%) y paridad en la toma de decisiones (75%) ya no es una petición sectorial, sino un consenso social. Para materializarlo, es imperativo transitar hacia una transparencia salarial proactiva en las organizaciones públicas y privadas, donde el mérito no esté mediado por sesgos de género.

Es urgente identificar dichas brechas y subsanarlas de manera progresiva y comprometida. El estudio es claro en otro aspecto fundamental: el desarrollo personal es hoy nuestra mayor fuente de felicidad. Sin embargo, en el ámbito laboral, este anhelo choca contra un muro si el Estado y las empresas no asumen la corresponsabilidad en los cuidados (que cuenta con un 88% de apoyo).

El avance real exige que los sectores público y privado dejen de considerar los cuidados como un «asunto de mujeres» y los asuman como un derecho social y económico. Esto implica diseñar políticas internas que reconozcan, pongan en valor y fomenten los cuidados de manera concreta, entendiéndolos como un pilar de la sostenibilidad y no solo de la productividad. Esta encuesta es el espejo de un sistema que continúa precarizando a las trabajadoras a través de barreras estructurales y cotidianas.

Salir de este letargo exige un compromiso real: leyes de cuidados que garanticen un derecho universal y organizaciones que comprendan que su viabilidad es imposible si se sigue ignorando al 51% de la población. La participación laboral efectiva no es un favor, es un derecho. No se puede construir futuro sobre la base de seguir postergando la cancelación de estas deudas históricas con las mujeres.