El anuncio de nuevas medidas para enfrentar la violencia en el sistema escolar chileno generó una rápida reacción del Colegio de Profesoras y Profesores. Su presidente, Mario Aguilar Arévalo, calificó la propuesta como insuficiente frente a la magnitud del problema. “En una primera lectura, nos parece que queda absolutamente pobre en relación a la gravedad y a la profundidad del problema que se pretende abordar”, señaló el líder gremial, advirtiendo que las iniciativas apuntan más a las consecuencias que a las causas.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la ausencia de un enfoque estructural. Desde el gremio sostienen que la salud mental es un eje clave que no está siendo abordado. “Lo que se propone son simplemente medidas que apuntan a los efectos, pero no a las causas.
No hay una sola mención a la salud mental”, enfatizó Aguilar. El dirigente también vinculó esta problemática con situaciones recientes en el país. A su juicio, los episodios de violencia escolar tienen raíces profundas en el deterioro del bienestar emocional de la sociedad.
Además, planteó críticas al modelo educativo actual. El énfasis en el rendimiento académico, las pruebas estandarizadas y la competencia estaría dejando de lado la formación integral de los estudiantes. “Hoy tenemos una educación que no es atractiva, que es tediosa y agobiante, centrada en resultados, pero que se despreocupa de las personas”, afirmó.
Otro de los puntos que genera preocupación es la eventual equiparación entre distintos tipos de conductas. El gremio advierte que el proyecto podría mezclar hechos de violencia grave con manifestaciones pacíficas, lo que, a su juicio, afectaría derechos fundamentales. “Sería lo mismo una acción violenta que una protesta por condiciones indignas, como baños insalubres.
Esa mezcla nos parece tramposa”, sostuvo. Finalmente, Aguilar cuestionó la proporcionalidad de algunas sanciones propuestas. En particular, criticó la posibilidad de castigos permanentes para jóvenes, como la pérdida de beneficios educativos.
“Nos parece un grave error sancionar de por vida a una persona por hechos ocurridos a los 14 años. Incluso podría ser inconstitucional”, advirtió. El Colegio de Profesores insistió en que, si bien algunas medidas pueden ser necesarias, el problema de la violencia escolar requiere un enfoque integral, con políticas de fondo que aborden sus causas estructurales.