Una comida privada realizada por el presidente José Antonio Kast junto a excompañeros de Derecho de la Universidad Católica desató una controversia política, luego de que parlamentarios presentaran una denuncia ante la Contraloría General de la República para aclarar un eventual uso de recursos públicos. El encuentro se habría realizado el pasado 10 de abril en dependencias del Palacio de La Moneda, donde el Mandatario recibió a cerca de 70 invitados. El menú incluyó preparaciones como tartar de tomates, plateada al jugo, puré rústico y vino tinto.
Según los antecedentes, la actividad tuvo carácter privado, lo que abrió cuestionamientos respecto al uso de instalaciones oficiales para este tipo de reuniones. Denuncia ante ContraloríaLos parlamentarios Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini (PS) presentaron un requerimiento para que se investigue si se utilizaron recursos estatales en la organización del evento. En el documento solicitaron aclarar aspectos como la naturaleza de la actividad, lista de asistentes, uso de dependencias, personal involucrado, costos asociados y eventuales reembolsos.
Ambos criticaron la instancia, señalando que los recursos públicos deben destinarse exclusivamente a fines del Estado y no a actividades de carácter personal. Respuesta del GobiernoDesde el Ejecutivo, la vocera de Gobierno, Mara Sedini, aseguró que el almuerzo fue financiado íntegramente por el propio Presidente. La autoridad reiteró que los detalles serán entregados a la Contraloría mediante los canales institucionales, insistiendo en que no se utilizaron recursos fiscales para la actividad.
Debate sobre lo público y lo privadoLa situación también generó reacciones desde el mundo académico. El abogado Francisco Leturia calificó la polémica como “evitable” y advirtió sobre la importancia de delimitar el uso de bienes públicos. Si bien descartó la existencia de un delito, sostuvo que este tipo de encuentros personales deberían realizarse fuera de recintos oficiales, subrayando que “los bienes públicos se usan para fines públicos”.
Por ahora, será la Contraloría la encargada de determinar si existió o no un uso indebido de recursos o instalaciones estatales. Mientras tanto, el episodio abrió un debate sobre los límites entre la vida privada de las autoridades y el uso de espacios públicos como el Palacio de La Moneda.