La Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general, por diez votos a favor y tres en contra, el proyecto del Ejecutivo que busca establecer medidas de seguridad, orden y respeto en la comunidad educativa, en el marco del plan Escuelas Protegidas. La iniciativa apunta a enfrentar la violencia escolar mediante acciones preventivas, como la regulación del porte de objetos que puedan ser utilizados para agredir a personas o dañar infraestructura. Además, propone incorporar como causal grave de afectación a la convivencia escolar la interrupción total o parcial de clases, así como restringir el acceso a beneficios como la gratuidad en estos casos.
Durante el debate, parlamentarios oficialistas y de oposición que respaldaron la propuesta coincidieron en la urgencia de avanzar en medidas concretas. Argumentaron que la seguridad es condición básica para garantizar el derecho a la educación, especialmente tras hechos recientes de violencia en establecimientos educacionales, como el asesinato de una inspectora en Calama. En esa línea, también se planteó la necesidad de entregar mayores herramientas a directores y equipos educativos para enfrentar situaciones críticas, junto con reforzar la autoridad en los establecimientos.
Asimismo, algunos legisladores subrayaron que la iniciativa no resolverá por sí sola el problema, pero constituye un avance relevante dentro de una agenda más amplia. Desde la vereda contraria, los diputados que votaron en contra —Juan Santana, Emilia Schneider y Daniela Serrano— cuestionaron la falta de un enfoque integral. Entre las principales críticas se mencionó la ausencia de medidas de intervención psicosocial, la falta de financiamiento y la carencia de políticas orientadas a la salud mental y al control de armas.
También advirtieron que el proyecto podría replicar resultados limitados de iniciativas anteriores, como la ley Aula Segura. La comisión fijó plazo para la presentación de indicaciones y acordó sesionar el jueves 16 de abril para votar el proyecto en particular hasta su total despacho. En paralelo, la Comisión de Constitución continuó el análisis de otra iniciativa del Ejecutivo que busca modificar el Código Penal para establecer nuevas agravantes en delitos cometidos contra la comunidad educativa.
En ese contexto, se aprobó fusionar dicho proyecto con una moción parlamentaria que persigue fortalecer la protección de docentes y trabajadores de la educación mediante el aumento de penas.