De acuerdo con el diseño presentado por el Ejecutivo, el proceso abarcará de forma transversal a la administración pública. No obstante, se pondrá especial atención en áreas consideradas de mayor riesgo, como transferencias de recursos, contratación pública, ejecución presupuestaria y gestión de personal. La decisión de incorporar una revisión específica de los casos Convenios y Procultura introduce un foco adicional dentro de la auditoría, concentrando parte de las revisiones en episodios que han sido objeto de investigaciones y cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.
Con esta iniciativa, el gobierno busca levantar antecedentes técnicos sobre el funcionamiento de distintos organismos del Estado y revisar eventuales fallas en los mecanismos de supervisión del gasto fiscal.