Una de las alianzas público-privadas más exitosas de Chile es la de las telecomunicaciones. El país goza de uno de los mejores sistemas del mundo en calidad y cobertura. Esa alianza hoy está en riesgo.

El debate ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, a propósito de la solicitud de Entel de modificar los límites máximos de espectro radioeléctrico pone en el centro la sostenibilidad del ecosistema de las telecomunicaciones. El éxito de esta alianza se explica por dos pilares: políticas de Estado que trascienden los gobiernos de turno y márgenes de utilidad que han permitido sostener la inversión privada que hoy nos pone a nivel mundial. “La eficiencia espectral es importante, pero sin una debida rentabilidad promedio de los concesionarios, no hay inversión sostenida ni desarrollo tecnológico”.

El ingreso de un cuarto actor aumentó la competencia y produjo una baja abrupta en los precios, lo que es beneficioso para los consumidores, pero ¿a qué costo? El mismo actor terminó al borde de la quiebra, acogido al Capítulo 11 en Estados Unidos. Para Movistar fue el golpe de gracia: salió de Chile.

Los consumidores, además, sufrieron incumplimientos normativos propios de empresas que, ante la caída de ingresos, privilegian la eficiencia económica por sobre la calidad de servicio. En ese sentido, debemos avanzar en la implementación del subsidio a la demanda en materia tecnológica, para lo cual existe la habilitación legal, más que poner en riesgo el valor de nuestro patrimonio. Los datos de la FNE confirman la presión: el ARPU (ingreso promedio por usuario) cayó en la última década.

Chile invierte entre 18% y 25% de sus ingresos en Capex, el mayor per cápita de América Latina, sin rentabilidad equivalente. Esa inversión va a decaer. El Estado debiera proteger su patrimonio: la eficiencia espectral es importante, pero sin una debida rentabilidad promedio de los concesionarios, no hay inversión sostenida ni desarrollo tecnológico.

Mientras Asia debate el 6G, Chile corre por monetizar el 5G. El debate no puede centrarse solo en cuántos actores explotan el espectro, sino, en si pueden hacerlo sostenidamente, para garantizar el desarrollo tecnológico que va en beneficio de toda la comunidad y mantiene el valor del espectro radioeléctrico. En largo plazo, no sirve una fotografía de competitividad en precios si permanecemos años con la misma tecnología.

La sostenibilidad financiera de los concesionarios debe ser condición de base para que la industria compita en prestaciones y tecnología, no solo en precios. En el mismo sentido, se debe avanzar en el uso secundario del espectro para desarrollar proyectos privados en cualquier banda de frecuencia, lo que beneficiaría sectores estratégicos como la minería. Miremos el desafío completo, con el menor sesgo ideológico posible, por el bien común.

Competencia sin rentabilidad no es una política de desarrollo. Es un consumo anticipado del futuro digital del país.