Empresas y concesiones Fernando Barros estuvo 13 años en el directorio de Agrosuper, empresa fundada por Gonzalo Vial. Su retiro de la compañía, en el año 2023, también significó restarse de la mesa directiva de AquaChile, otra empresa del holding alimentario. Esta última firma, ligada a la producción y comercialización de salmones, tiene en la actualidad varias solicitudes de otorgamiento de concesiones marítimas, en terrenos de playa ubicados en las localidades de Quellón y Calbuco, según figura en el visor de concesiones marítimas en trámite de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa, ahora encabezado por Barros.

Otra empresa de la cual el ministro se retiró hace poco es Oxiquim. Lo anunció a principios de febrero, luego de presidir el directorio desde el año 2003 y reconocer, en un hecho esencial, que tampoco era titular de acciones en ella, “ya sea directamente o a través de sociedades”. Oxiquim, por cierto, también figura con solicitudes de renovación de concesión marítima en Coronel, en el sector de la playa aledaña al terminal marítimo que dicha compañía posee en el sector de Escuadrón.

A pesar de ya no pertenecer a la empresa, Barros dejó en su puesto a otro socio del estudio jurídico, Emilio Vásquez Maldonado, encargado de reemplazarlo en el directorio de la compañía química. Aparte de él, son ocho los abogados de Barros & Errázuriz que arribaron a distintas reparticiones de Gobierno, entre ellos, el subsecretario del Ministerio de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda. Además de Oxiquim y Agrosuper, Barros pasó por los directorios de la Sofofa, Icare, Bancorp e inversiones Odisea –el family office del grupo Piñera–, además de LarrainVial Asset Management y Socovesa, donde permaneció durante 25 años.

De ahí las suspicacias sobre un eventual conflicto de intereses con sus exclientes de Barros & Errázuriz. “Más que un cuestionamiento anticipado, esta es una alerta preventiva”, dice Juan José Lyon. Flavia Liberona, de Fundación Terram, asegura que lo importante es la transparencia de información y que, en caso de haber un conflicto de intereses, Barros “se abstenga de participar en la toma decisiones”.

“Las concesiones marítimas son un tema estratégico y muy sensible a nivel medioambiental y económico. Para evitar cualquier manto de duda sobre el Gobierno entrante, la mejor señal que podría dar el nuevo ministro es delegar por completo estas materias cuando existan asomos de conflicto de intereses”, coincide Lyon. En rigor, actualmente hay más de una decena de empresas que han sido asesoradas por el exbufete del nuevo ministro y que han solicitado concesiones marítimas ante el Ministerio de Defensa.

Esval, por ejemplo, fue asistida legalmente por Barros & Errázuriz en una modificación de uso de suelo en Algarrobo y hoy la firma está en trámite para renovar un terreno de playa en Concón. Las otras compañías cercanas al estudio que han solicitado concesiones en el borde costero y que han sido clientes de Barros & Errázuriz son Copec, Salmones Cailin, Sociedad Austral de Electricidad, GTD Teleductos, Pesquera Camanchaca, Exportadora Los Fiordos, Australis Mar, Colbun y GNL Quintero, entre otras, todas ellas registradas en el visor de concesiones en trámite de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Si bien la declaración de Patrimonio e Intereses del nuevo ministro aún no ha sido publicada, fuentes cercanas al Ministerio de Defensa señalaron a la Unidad de Investigación de El Mostrador que el ministro, en su calidad de abogado, no solo tenía muy claro el requerimiento legal en materia de independencia, sino que “ha definido estrictos criterios para el desempeño de su cargo”.

Según comentaron las mismas fuentes –tras explicarles el tenor de este reportaje–, Fernando Barros habría transparentado a su gabinete y subsecretarios, en su primera reunión, un listado con el nombre de las empresas respecto de las cuales “se abstendrá de intervenir en las tramitaciones que se presenten en el ministerio a su cargo”. Hasta ahora, sin embargo, no se sabe el número ni cuáles serían las empresas que el ministro informó como eventuales focos de conflicto de intereses.