El Consejo de Defensa del Estado (CDE) no estaba ausente del “Caso Convenios”. El organismo, a través de su Procuraduría Fiscal de Punta Arenas representada por el abogado Claudio Benavides Castillo, presentó el 28 de abril una querella criminal nominativa contra el médico Alejandro Altamirano Mansilla, representante legal de la Fundación Hernando de Magallanes, y contra quienes resulten responsables, por el presunto delito de apropiación indebida. Así lo confirmó el propio CDE a La Prensa Austral.

En su respuesta escrita, el organismo precisó que la Procuraduría Fiscal de Punta Arenas “interpuso este 28 de abril una querella criminal nominativa contra el médico Alejandro Altamirano, representante legal de la Fundación Hernando de Magallanes, y contra quienes resulten responsables, por el delito de apropiación indebida”. El Consejo de Defensa del Estado agregó que, “como querellantes en esta causa en defensa de los intereses del fisco”, participaron en la audiencia de formalización del 30 de abril ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas. Ese día acudió a la audiencia el abogado litigante de la procuraduría Fiscal de Punta Arenas, Marcel Villegas.

Sobre el fondo del caso, el organismo fue escueto: “La causa es reservada, por lo cual no es posible entregar mayores antecedentes”. La confirmación responde directamente al cuestionamiento formulado días atrás por el diputado Alejandro Riquelme, quien había señalado públicamente que el organismo “brillaba por su ausencia” en la investigación, pese a tener la obligación legal de cautelar los recursos públicos cuando estos son objeto de irregularidades o delitos. La acción del CDE -presentada dos días antes de la formalización de cargos- demuestra que el organismo ya actuaba en la causa antes de que el cuestionamiento se hiciera público.

La querella nominativa es una acción penal dirigida contra una persona determinada e individualizada. En este caso apunta al doctor Altamirano como imputado principal, aunque la fórmula “y contra quienes resulten responsables” amplía el radio de investigación a otros eventuales involucrados, habilitando al Ministerio Público a perseguir la responsabilidad penal de todos quienes aparezcan vinculados a los hechos en el transcurso de la investigación. La investigación cubre seis convenios entre la Fundación Hernando de Magallanes y el Gobierno Regional de Magallanes, avaluados en $778 millones, con al menos $20 millones en sobreprecios acreditados hasta ahora.

El fiscal regional Cristián Crisosto ha señalado que la causa continúa con otras aristas pendientes. El imputado quedó con arraigo nacional y seis meses de plazo investigativo. Dos imputaciones sobre los mismos hechos La causa acumula ahora dos imputaciones penales de distinta naturaleza sobre Altamirano.

La Fiscalía lo formalizó por fraude de subvenciones, delito que apunta al uso indebido o desviado de fondos públicos obtenidos mediante convenios o transferencias del Estado, en este caso desde el Gobierno Regional. El CDE, en cambio, se querella por el presunto delito de apropiación indebida, figura que supone que el imputado recibió bienes o dineros ajenos en administración o custodia y los hizo suyos o los distrajo en beneficio propio o de terceros. Aunque ambos tipos penales pueden concurrir sobre los mismos hechos y tramitarse en la misma causa, describen conductas jurídicamente distintas: el primero pone el acento en el engaño al organismo que entrega los fondos; el segundo, en la apropiación de lo que se recibió con otra finalidad.

Será el avance de la investigación el que determine cuál de las dos figuras -o ambas- se sostiene con los antecedentes reunidos.