Los planes del Gobierno para enfrentar la "permisología" ya empiezan a generar debate. En un programa económico que se ha puesto la "facilitación regulatoria" como prioridad para reactivar la inversión, un tema clave es el funcionamiento del Consejo de Monumentos (CMN), que ha sido cuestionado por sus tiempos de trabajo y los criterios que utiliza. Durante la campaña presidencial se le acusó de detener obras por el hallazgo de "tapitas de Coca-Cola", y de impulsar requerimientos "infundados" a la ampliación del Metro de Santiago.
La Ley de Patrimonio Cultural que reforma el funcionamiento del CMN ya se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, donde la comisión de Cultura avanzó sobre parte importante de las indicaciones que presentó el gobierno anterior. Ahora, el ministro de Cultura, Francisco Undurraga, ya le aplicó urgencia al proyecto, aunque el Congreso todavía espera por la propuesta concreta de la cartera para avanzar. En lo medular, la propuesta de reforma al CMN se enfoca en la toma de decisiones y dónde ocurre el trabajo técnico.
Sin embargo, en las indicaciones que introdujo la administración anterior también había dos ejes adicionales: por una parte, la introducción del concepto de "patrimonio inmaterial" (expresiones, rituales, etc. ) como elemento de protección, y la ampliación del Consejo. La idea era aumentar el número de integrantes desde 27 a 30, sumando nuevas voces como las de pueblos originarios, antropólogos o la Cineteca Nacional, además de un representante afrodescendiente para casos particulares.
Por ahora, esta idea ha ido perdiendo fuerza, pero promete generar discusión al interior de la oposición. Lee la nota completa en la nueva edición de El Mercurio.