Un humedal no es un pantano. No es un terreno baldío esperando que alguien lo aproveche, como han tratado de instalar algunos personeros de gobierno. Un humedal es la esponja del territorio: absorbe el agua de las lluvias y la libera cuando escasea, filtra los contaminantes y permite que lleguen limpias al mar o a las napas subterráneas.

Y como si eso fuera poco, los humedales albergan el 40% de la biodiversidad global, la mitad de las aves y dos tercios de los peces del planeta. Cuando están bien conservados, reducen de forma significativa los daños producidos por las inundaciones. No es un lujo ambiental ni un capricho de nicho.

Es la infraestructura viva que la naturaleza construyó durante siglos y que hace la diferencia entre una comunidad que resiste una tormenta y una que la sufre durante semanas, con todos los costos de reparación que ello implica. Durante abril, dos decisiones del gobierno de Kast circularon por los medios por separado, sin que nadie las juntara. La primera, la Ley Miscelánea: exime a la industria salmonera de la evaluación ambiental obligatoria para sus relocalizaciones.

La segunda: el Oficio Quiroz propone eliminar el programa de conservación de humedales del Ministerio del Medio Ambiente. Lo que eso significa en la práctica es que sin control ambiental y sin monitoreo estatal, el patrón ya conocido se va a repetir una y otra vez. En el humedal Calabozo de Coronel, la construcción de una carretera y rellenos privados ya provocaron inundaciones en los terrenos de pequeños agricultores.

En Quilicura, empresas inmobiliarias judicializaron la protección del segundo humedal urbano más grande del país — y ganaron. Sin un Estado presente y exento de herramientas, las comunidades se encuentran completamente solas e indefensas. El actual gobierno llegó al poder prometiendo reconstruir el territorio devastado por los incendios del sur de Chile.

Reconstruir fue la palabra de su primer discurso presidencial en cadena nacional y el eje de su plan de gobierno. El contraste entre el discurso y las acciones no podría ser más brutal. Porque destruir un humedal no es solo destruir un ecosistema — es destruir la capacidad de regulación hídrica de ese territorio, su resiliencia frente a eventos climáticos extremos, exactamente los que generan los incendios que este gobierno dice querer remediar.

Desde 1970, el 35% de los humedales del mundo ha desaparecido. Chile, sobre todo ahora, no va en dirección contraria. No se puede reconstruir un territorio eliminando las herramientas que lo protegen.

En simple: no se puede construir sobre el agua. Quienes tomaron esas decisiones nunca han vivido en Hualpén, en Coronel, en Los Molles ni en Algarrobo. No saben lo que significa convivir con una inundación cada vez que el Estado mira para otro lado.

Son las mismas comunidades que votaron confiando en que el Estado también existía para ellas — y hoy ese mismo Estado les dice que no hay presupuesto. Comunicacionalmente, este gobierno es eficiente. Empaqueta sus decisiones con un lenguaje de futuro, de progreso, de reconstrucción.

Lo que no les interesa es explicar lo que hay dentro del paquete. Ya tomaron una decisión: quién merece protección y quién no. Los vecinos de Hualpén van a seguir sacando sus motobombas cuando llueva fuerte.

Y el gobierno que prometió reconstruir Chile acaba de eliminar el programa que podría haberlos ayudado a no necesitarlas. Claudia Barahona Chang es publicista, integrante de la Comisión Política y del Comité Central del Partido Socialista de Chile.