¿Contra quién se rearma el Gobierno de Javier Milei? , es la pregunta que salta a la vista luego de que el mandatario argentino firmara un decreto de necesidad y urgencia que, por primera vez en décadas, ata de manera explícita la venta del patrimonio estatal al rearme de las Fuerzas Armadas. Bajo el nombre de Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (ARMA), la administración del libertario estableció que los recursos provenientes de privatizaciones y de la enajenación de bienes inmuebles del Estado nacional se convertirán en el principal motor para recuperar capacidades operativas, desarrollar infraestructura estratégica y actualizar equipamiento militar.

La medida, firmada por el mandatario de ultraderecha y la totalidad de su Gabinete, es presentada como una respuesta a un contexto geopolítico y tecnológico que el Ejecutivo considera “de creciente complejidad”. El texto establece que el 10% de los ingresos generados por la venta, concesión o uso de inmuebles del Estado nacional será destinado al Ministerio de Defensa. Pero ese porcentaje se dispara al 70% cuando los bienes enajenados hubieran estado previamente bajo la órbita de esa cartera, actualmente a cargo del ministro Carlos Presti.

Además, otra fuente complementaria proviene de las privatizaciones de empresas públicas en el marco de la polémica Ley Bases—que reduce la intervención del Estado en la economía con la eliminación de regulaciones, la privatización de empresas estatales y la descentralización de funciones públicas—. Según el decreto un 10% de lo recaudado por esas operaciones también será afectado al reequipamiento militar. El medio digital El Destape consignó que los recursos no reemplazarán al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), sino que lo complementarán, y deberán aplicarse exclusivamente a programas de modernización tecnológica, obras de infraestructura y recuperación de capacidades del sistema de defensa nacional.

Para justificar la medida, el libertario argumentó un deterioro generalizado del equipamiento militar, la necesidad de adaptarse a nuevas amenazas —como ciberataques o conflictos asimétricos— y las crónicas limitaciones presupuestarias que, según sostiene, han reducido la capacidad de inversión en el área Para sortear dichas limitaciones, el decreto instruye al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas a presentar, en un plazo de 90 días, un listado de necesidades urgentes en materia de equipamiento y capacidades, que luego deberá ser evaluado por el Ministerio de Defensa para su implementación. ¿Contra quién se rearma Milei? La interrogante sobre cuál es el adversario o la amenaza concreta que justifica este rearme con dineros de privatizaciones, es un punto que queda sobre la mesa, tomando en cuenta que la medida se aplicará en medio de alertas por espacios marítimos en la zona austral.

Ante este escenario cabe preguntar: ¿qué busca Argentina al reforzar sus capacidades militares en un escenario donde persisten tensiones diplomáticas por límites, soberanía austral y proyección estratégica hacia la Antártica? A mediados de marzo publicación de la revista Foreign Affairs Latinoamérica reveló una presunta operación de política exterior del Gobierno de Javier Milei que habría comprometido la soberanía nacional sobre el puerto de Ushuaia. En concreto, le habría ofrecido al presidente estadounidense Donald Trump el estratégico enclave fueguino como parte de pago para asegurar su ingreso a la Junta de Paz impulsada por el magnate republicano, una membresía valuada en mil millones de dólares.

Las sospechas se vieron alimentadas por un hecho concreto que la administración libertaria nunca terminó de explicar. El 26 de enero pasado, un Boeing C-40 Clipper proveniente de la base militar Joint Base Andrews (Maryland) aterrizó en la capital fueguina, tras escalas en San Juan y Buenos Aires. En aquel momento, la embajada de Estados Unidos se limitó a señalar que se trataba de “una comitiva bipartidista de la Comisión de Energía”, una versión que la Casa Rosada replicó sin ofrecer mayores precisiones, despertando alarma en Chile, teniendo en cuenta que una eventual cesión de derechos operativos podría comprometer el Tratado Antártico de 1959, que prohíbe expresamente “bases militares, maniobras o ensayos de armas” en la zona.

Posteriormente, a mediados de abril los dichos del jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, Hernán Montero, generaron controversia al poner en duda la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes El contraalmirante argentino aseguró en un podcast que “la boca del Estrecho de Magallanes“ pertenece a su país. “La boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ahí hacia el este es argentina”, aseguró. A raíz de estas declaraciones, los diputados del Frente Amplio (FA), Ericka Ñanco y Jaime Bassa oficiaron a Cancillería, exigiendo que el Estado defienda sin ambigüedades la soberanía de Chile sobre este paso marítimo que administrativamente, pertenece a la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.