La Contraloría advirtió serias deficiencias en la fiscalización de denuncias por violencia escolar y cuestionó la reubicación de alumnos expulsados en liceos con alta conflictividad. La Contraloría General de la República (CGR) detectó graves falencias en la supervisión de casos de violencia escolar en el país, tras una auditoría que evidenció deficiencias en el actuar de la Superintendencia de Educación y la Subsecretaría de Educación para resguardar la convivencia en establecimientos educacionales. Según el Informe N°660 de 2025, el organismo constató que los colegios con mayores índices de denuncias y sanciones dentro del programa “Convivencia y Salud Mental” durante 2024 y 2025 no fueron fiscalizados por la autoridad competente, pese a concentrar los casos más críticos.
El reporte además reveló que entre 2020 y octubre de 2025 se registraron 35. 410 denuncias por violencia escolar en todo el país. No obstante, la Superintendencia solo realizó 1.
727 fiscalizaciones formales, cifra que representa menos del 5% del total de acusaciones. La auditoría también puso el foco en la reubicación de estudiantes sancionados por hechos de violencia en liceos emblemáticos de Santiago y Providencia, entre ellos el Instituto Nacional, el INBA, el Liceo de Aplicación y el Liceo José Victorino Lastarria. En ese análisis, la Contraloría estableció que el 21% de los alumnos expulsados o con matrícula cancelada regresó al mismo establecimiento que los sancionó, mientras que el 79% restante fue trasladado a otros liceos emblemáticos con altos niveles de conflictividad, contraviniendo los criterios legales de reubicación.
Frente a estos antecedentes, la CGR instruyó a la Superintendencia de Educación y a la Subsecretaría de Educación adoptar medidas inmediatas para corregir las irregularidades detectadas, regular el proceso de reubicación de estudiantes expulsados y asegurar que este se ajuste a la normativa vigente en materia de convivencia y protección escolar.