La Contraloría General de la República (CGR) informó los resultados de fiscalizaciones realizadas a las municipalidades de Estación Central y Padre Hurtado, donde constató diversas irregularidades en la gestión de recursos destinados a seguridad ciudadana, ordenando el inicio de sumarios administrativos para determinar eventuales responsabilidades. En el caso de Estación Central, el Informe N°521 evidenció deficiencias relevantes en los sistemas de televigilancia. Según el organismo, en sectores con alta concentración de delitos durante 2024, 19 de 40 cámaras instaladas no estaban operativas a junio de ese año.
En otras zonas críticas, 9 de 17 equipos se encontraban fuera de servicio. Asimismo, se detectó que un 58% de las cámaras instaladas desde mayo de 2024 no funcionaban correctamente hasta junio de 2025, incluyendo fallas prolongadas por más de un año, lo que afecta la eficacia del sistema de vigilancia comunal. La auditoría también reveló debilidades en la gestión municipal, como la falta de respaldo de intervenciones en sectores con denuncias ciudadanas y la ausencia de antecedentes sobre el destino de productos decomisados en operativos contra el comercio ambulante.
En materia financiera, la Contraloría indicó que el municipio suscribió un convenio con el Gobierno Regional Metropolitano por $4. 504 millones para el proyecto “Vigilancia Eje Alameda”, de los cuales se transfirieron $2. 250 millones.
Sin embargo, al cierre de 2024, solo se había ejecutado el 18,4% de esos recursos, con retrasos en contratación de personal y servicios. Además, se constataron demoras de hasta 402 días en el traspaso de fondos entre cuentas municipales. Padre Hurtadp Respecto de Padre Hurtado, el Informe N°566 detectó deficiencias en la implementación de equipamiento de seguridad.
Entre ellas, botones de pánico almacenados sin uso ni control de inventario, pese a haber sido recepcionados entre fines de 2024 y comienzos de 2025. Durante la fiscalización, también se comprobó que los postes inteligentes no transmitían imágenes en tiempo real, lo que limita la detección de delitos y retrasa la respuesta de los equipos municipales. El organismo contralor advirtió, además, falencias en la supervisión técnica del proyecto de televigilancia, ya que no se certificó la calidad de las obras ni de los equipos instalados.
A esto se suma la falta de autorizaciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y la ausencia de certificados eléctricos, pese a que el sistema estaba en funcionamiento. En el ámbito financiero, se detectó un bajo avance en la ejecución de un contrato por $3. 088 millones, que registraba solo un 25% de progreso pese al significativo tiempo transcurrido desde su inicio y al vencimiento de los plazos contractuales.
Finalmente, la Contraloría constató que el sistema lector de patentes no estaba integrado con la plataforma de Carabineros de Chile, lo que obligaba a realizar verificaciones manuales, aumentando el riesgo de errores y reduciendo la capacidad de respuesta ante eventos simultáneos. El organismo concluyó que las deficiencias detectadas afectan la eficiencia de los sistemas de seguridad comunal, por lo que instruyó la adopción de medidas correctivas y el inicio de procesos disciplinarios en ambas municipalidades.