La Contraloría General de la República (CGR) cuestionó formalmente el uso de expresiones como “Estado quebrado” y “caja del Estado completamente vacía” en publicaciones difundidas por el Gobierno durante marzo, en medio de la controversia por las modificaciones al Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (MEPCO). A través de un pronunciamiento emitido este jueves 29 de abril, el ente contralor concluyó que las expresiones utilizadas por la Secretaría General de Gobierno (Segegob) “no cumplieron con los estándares de moderación exigidos”, además de advertir que no existió sustento técnico ni fáctico suficiente para respaldarlas. La polémica se originó el pasado 25 de marzo, cuando desde las redes sociales oficiales del Gobierno se difundió una gráfica vinculada al alza de combustibles en la que se afirmaba que el país enfrentaba un “Estado quebrado” y que la “caja del Estado” estaba “completamente vacía”.

Las publicaciones fueron eliminadas posteriormente, luego de críticas desde la oposición y también de desmarques al interior del propio Ejecutivo. Entre ellos, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró públicamente que “jamás ocuparía esa palabra” para describir la situación fiscal del país. En su análisis jurídico, la Contraloría reconoció que la Segegob tiene facultades para informar a través de redes sociales y utilizar “términos cotidianos para una mayor o mejor comprensión”.

Sin embargo, advirtió que dichas comunicaciones deben ajustarse a principios de objetividad y a las normas que regulan el uso de recursos públicos en labores informativas. El organismo precisó que la comunicación estatal debe orientarse “a dar a conocer a la comunidad información acerca de cómo acceder a las prestaciones que otorgan las entidades públicas, o acciones directamente relacionadas con el cumplimiento de sus funciones institucionales propias”. Respecto de las expresiones utilizadas, la CGR sostuvo que la Segegob no logró “sustentar fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación de que se trata”.

Además, el oficio señala que el propio ministerio reconoció durante el proceso que las frases utilizadas “no cumplieron con los estándares de moderación exigidos”, admitiendo que pudieron generar confusión en la ciudadanía, motivo por el cual las publicaciones fueron retiradas. A raíz de ello, Contraloría instruyó adoptar medidas para evitar nuevas comunicaciones imprecisas y ordenó iniciar un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. El organismo pidió además ser informado de dichas acciones en un plazo de cinco días hábiles.

La controversia también derivó en acciones políticas. El diputado independiente pro PPD Jaime Araya ofició previamente a la ministra vocera, Mara Sedini, solicitando un sumario administrativo en la Secretaría de Comunicaciones (Secom) y en la Dirección de Comunicaciones y Contenidos de Presidencia. En esa presentación, el parlamentario acusó que la minuta sobre el alza de combustibles incluía afirmaciones destinadas a “manipular y desinformar a la opinión pública”, cuestionando directamente frases como “Estado en quiebra”, “nos dejaron sin plata” y “la caja del Estado completamente vacía”.

Asimismo, Araya sostuvo que el eventual uso de recursos públicos para elaborar este tipo de contenidos podría vulnerar el principio de probidad administrativa y solicitó evaluar la suspensión temporal de los funcionarios involucrados mientras se desarrollara la investigación.