Un proyecto inmobiliario de un centro comercial en pleno humedal Chimalfe ha encendido las alarmas en la comunidad, especialmente porque acusan negligencia desde la dirección de obras del municipio de Hualpén. Cabe recordar que el humedal Chimalfe (ex Vasco da Gama) fue declarado protegido bajo la Ley 21. 202 en 2024, por lo que las y los vecinos del sector denunciaron que la Dirección de Obras Municipales (DOM) dio luz verde al proyecto, aun cuando se trataba de un ecosistema protegido.

Según denuncian, el DOM habría incurrido en un error administrativo al no considerar dentro de los plazos establecidos un informe de mitigación vial, documento fundamental entregado por la inmobiliaria. Lo anterior dio lugar a la posibilidad de realizar acciones legales contra la municipalidad y hasta una multa millonaria de no llegar a otorgar los permisos. Miguel Rivera, alcalde de Hualpén, señaló que se excluyó el tema del concejo con el fin de llevar a cabo un estudio más completo, incluyendo antecedentes jurídicos y ambientales antes de adoptar una decisión.

Aunque la municipalidad determinó postergar la decisión sobre el proyecto, el pasado 10 de abril la comunidad presentó el documento a la Contraloría con el objetivo de detener la construcción de la infraestructura. Dirigentes vecinales apuntan directamente a la responsabilidad de la DOM y se oponen a cualquier negociación que implique intervención del humedal. Además, advirtieron falta de transparencia, riesgos ambientales y posibles impactos en zonas aledañas, como inundaciones y socavones.

Según fuentes conocedoras del proceso, el conflicto se originó tras un error de la DOM, que no habría notificado oportunamente a la empresa sobre la caducidad de su permiso. Esto derivó en conversaciones entre la inmobiliaria y el municipio para explorar una salida mediante una transacción judicial, en un contexto donde se advirtió sobre eventuales costos económicos para la administración municipal. La situación llegó al concejo municipal en una propuesta que no contaba con todos los antecedentes técnicos ni ambientales, lo que motivó cuestionamientos y el retiro del punto de tabla impulsado por algunos concejales.

Acusan acuerdo extrajudicial y falta de información al concejo En conversación con El Ciudadano, Matías Rifo, concejal de la comuna de Hualpén, declaró que una de las irregularidades que pudieron detectar al presentarse el proyecto fue la existencia de un acuerdo extrajudicial entre el municipio y la empresa Valmar. “En dicho acuerdo se establece que, a través de esta transacción, el concejo municipal podría otorgar un permiso de construcción para un centro comercial de gran envergadura en el humedal Vasco da Gama”, agregó. Sin embargo, Rifo señaló que en ningún momento se informó sobre este proceso a la Dirección de Medio Ambiente y que tras conversar con sus profesionales, se les indicó sobre la existencia de eventuales riesgos económicos importantes para el municipio en caso de judicialización.

“El origen de este problema radica en una negligencia por parte de la Dirección de Obras Municipales, que no notificó oportunamente a la empresa sobre la caducidad de sus permisos. Además, este proyecto no cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental, y la Dirección de Obras tampoco solicitó acompañamiento técnico en materia ambiental, por lo que carece de sustento técnico adecuado”, advirtió el concejal. Al respecto, Rifo señaló estar totalmente en desacuerdo y explicó que fue él quien levantó la alerta tanto en el concejo municipal como en las organizaciones civiles, ya que bajo su criterio, se trataba de una votación que se estaba desarrollando con escasa difusión y transparencia.

Para el concejal, la aprobación de una transacción de esta naturaleza, donde ni siquiera se conoce en detalle el proyecto, representa un riesgo significativo. “Más aún, cuando se nos intenta hacer partícipes de una decisión que no corresponde a las facultades del concejo municipal, como es la entrega de permisos de construcción”, indicó. Además, explicó que el proyecto se ubica en una zona que se inunda cada año, lo que no solo afecta la calidad de vida de sus habitantes, sino que también genera daños directos en sus viviendas.

Rifo declaró que la Contraloría debería revisar el proceso y emitir informes jurídicos que permitan evitar que situaciones como esta se repitan, tanto en Hualpén como en otras zonas del país. A raíz de lo anterior, el concejal en conjunto a vecinos colindantes al humedal, uniones comunales y organizaciones socioambientales, acudieron a la Contraloría con el objetivo de solicitar formalmente un informe jurídico que permita observar esta transacción extrajudicial y el acto administrativo en cuestión. “Hoy estamos frente a un humedal urbano que se encuentra en peligro debido a deficiencias en la gestión de la Dirección de Obras.

Este tema se arrastra desde hace aproximadamente un año y nunca fue informado oportunamente al concejo, lo que genera una profunda preocupación respecto al funcionamiento de la Dirección Jurídica, considerando la relevancia y sensibilidad de este caso”, concluyó. Proyecto en humedal protegido reabre debate por exigencias ambientales Uno de los puntos que más abre cuestionamientos sobre el caso es que la iniciativa se emplazaría en un humedal urbano protegido por la Ley 21. 202, normativa que reconoce estos ecosistemas y establece su resguardo frente a intervenciones.

En este marco, proyectos de esta envergadura deben ingresar obligatoriamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ya que pueden generar impactos significativos sobre el medio ambiente. Sin embargo, según lo expuesto por los actores involucrados, el proyecto no contaría con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo que ha levantado cuestionamientos sobre la legalidad de su tramitación. Alto valor ambiental y biodiversidad en zona amenazada por expansión urbana El humedal Chimalfe es un remanente de los antiguos humedales que existían en el Gran Concepción, originalmente conectados a un brazo del río Biobío que llegaba a la Bahía de Concepción.

La expansión urbana ha reducido y fragmentado este ecosistema, aunque sigue siendo clave para el equilibrio ambiental de la ciudad. A pesar de la presión, conserva un alto valor ecológico y social, con más de 60 especies de aves, además de anfibios, reptiles y mamíferos como el coipo. También alberga especies nativas relevantes y una vegetación acuática que filtra contaminantes y sirve de hábitat.

Asimismo, contribuye a regular inundaciones, capturar carbono y mantener la conectividad ecológica. Precisamente por su alto valor ecológico y la gran diversidad de flora y fauna que alberga el humedal, sumado a los problemas habitacionales que podrían agravarse con la construcción del proyecto, los vecinos rechazan categóricamente su ejecución, así como cualquier otra intervención en una zona que debiese estar protegida. Cabe destacar que el proyecto contempla más de 200 locales comerciales y cerca de 1.

000 estacionamientos, lo que implicaría intervenir entre un 35% y más del 50% del humedal. Nuevas amenazas y falta de soluciones profundizan preocupación vecinal Como mencionamos anteriormente, el proyecto de un centro comercial en pleno humedal no es la única problemática que afecta a las y los vecinos del sector, de hecho, existe un proceso sancionatorio en contra de una empresa que emplea la zona del humedal como un vertedero ilegal. Al respecto, dirigentes vecinales cuestionaron la baja sanción aplicada al vertedero, considerando que resulta desproporcionada en relación con las ganancias generadas por la empresa.

La situación fue apelada, pero el proceso quedó en pausa debido a la falta de integración del tribunal ambiental, lo que ha prolongado la incertidumbre en la comunidad. A esto se suma la preocupación por nuevas amenazas sobre el humedal, como proyectos de relleno y otras iniciativas que podrían implicar la pérdida de una parte significativa de este ecosistema. Vecinos advirtieron que cualquier intervención no solo impacta directamente al humedal, sino también a los sectores aledaños, alterando los flujos naturales del agua y afectando tanto aguas arriba como abajo.

Asimismo, denunciaron la existencia de intervenciones —tanto legales como ilegales— que han modificado el comportamiento hídrico del lugar, dañando la biodiversidad y reduciendo la capacidad de absorción del suelo, lo que agrava problemas como las inundaciones. En ese contexto, la comunidad exige que se prioricen soluciones concretas y se aceleren obras pendientes. Entre ellas, destaca un proyecto de una planta elevadora de aguas lluvias que lleva más de tres años paralizado, pese a contar con financiamiento asignado.

La iniciativa, que busca mitigar las inundaciones en sectores habitacionales cercanos, permanece sin avances administrativos, lo que ha generado molestia entre los vecinos, quienes piden a las autoridades destrabar su ejecución. Comunidad alerta por inundaciones, hundimientos y daño ambiental El equipo de El Ciudadano conversó con Luisa Valenzuela, fundadora del Comité Defensa Humedal y con Betzabé Vidal, presidenta de la Junta de Vecinos de Parque Central. Respecto a los impactos concretos que tendría el proyecto inmobiliario sobre el humedal Chimalfe, Valenzuela declaró que son varias las problemáticas que implicaría, entre ellas la pérdida de biodiversidad y el desvío de napas, situación que ya se registra en Parque Central y que ha provocado inundaciones tras los últimos rellenos que han desplazado napas hacia ese sector.

En esa línea, entregó como ejemplo que actualmente su vivienda se encuentra en riesgo por una napa que se desplazó bajo la casa, lo que ha generado problemas de alcantarillado. A esto agregó que, si se llega a rellenar la mitad del humedal, su vivienda prácticamente desaparecería. Además, señaló que en su casa en Parque Central se evidencia una inclinación y que incluso presenta problemas con una de sus puertas debido a esta situación.

“Las consecuencias son gravísimas tanto para quienes habitamos el sector como para la flora y fauna que habita el espacio”, señaló. Por su lado, al igual que Valenzuela, Vidal señaló que la construcción sobre el humedal provocaría hundimiento de sus viviendas y aún más problemas con las inundaciones,ya que mientras más se rellena el humedal, más aumenta la pérdida de la “esponja” que absorbe las aguas lluvias. Por lo tanto, para Vidal, el proyecto dañaría de sobremanera la calidad de vida de los habitantes de Parque Central.

Respecto a la actuación de las autoridades, Valenzuela explicó que el conflicto lleva varios años, ya que, por ejemplo, el vertedero ha funcionado por años a la vista de las autoridades y que tras golpear múltiples puertas en búsqueda de alguna solución, se logró armar una mesa con todas las autoridades correspondientes, logrando realizar una fiscalización que se debió hacer hace años, abarcando unos 16 sumarios sanitarios, pero en un proceso extremadamente lento. Además, agregó que, a pesar del proceso, el vertedero sigue en funcionamiento. Por su parte, Vidal denunció que el proyecto de la planta elevadora de aguas lluvias que mitigaría en parte las inundaciones de Parque Central, lleva en tramitación al menos tres años y que las autoridades no han entregado respuestas concretas al respecto.

Por último, Valenzuela concluyó que con las acciones legales buscan esclarecer las responsabilidades en torno a las decisiones adoptadas por las autoridades, apuntando a que no sean los vecinos ni el humedal quienes asuman las consecuencias de eventuales errores administrativos. En esa línea, esperan que se investigue lo ocurrido —incluida la presentación ante Contraloría— y que el proceso judicial en curso continúe su desarrollo, de modo que, si corresponde, sea la institucionalidad la que responda por sus propias faltas, sin afectar la calidad de vida de la comunidad ni el ecosistema.