La Red de Observadoras en Justicia y Memoria advirtió un cambio de criterio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que implica que el Estado deje de oponerse a solicitudes de beneficios para condenados por violaciones a los derechos humanos. La instrucción habría sido impartida por el ministro Fernando Rabat a través de la jefa del Programa de Derechos Humanos, Constanza Garrido, estableciendo que los abogados de dicha instancia no intervengan en audiencias donde se discutan rebajas de pena o medidas alternativas al cumplimiento efectivo de las condenas. Las firmantes sostienen que esta decisión contradice compromisos previamente asumidos por la autoridad y pone en duda la operatividad tanto del Programa de Derechos Humanos como del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia.
Asimismo, advierten que la ausencia de representación estatal podría favorecer que condenados por crímenes de lesa humanidad accedan a beneficios como libertad vigilada o arresto domiciliario. En esa línea, califican la medida como una forma de “indulto pasivo”, en la que —sin una acción directa— el Estado deja de oponerse a solicitudes judiciales que buscan modificar el cumplimiento de penas privativas de libertad. El comunicado también plantea que esta directriz se aparta del protocolo vigente desde 2017, el cual establece que el Programa debe intervenir en causas donde existan condenas por graves violaciones a los derechos humanos, especialmente cuando no ha habido colaboración con la justicia o cuando las decisiones judiciales puedan afectar a las víctimas y sus familias.
Casos en desarrollo El documento ejemplifica los efectos de esta instrucción en diversas causas en curso. Entre ellas, menciona el caso de César Manríquez, exagente vinculado a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), condenado a 15 años de presidio por secuestros calificados en el marco de la Operación Colombo. Según se detalla, la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió un recurso de amparo que le permitiría cumplir la pena fuera de la cárcel por razones de salud mental.
No obstante, el Programa de Derechos Humanos no apeló la resolución, pese a que —según el comunicado— existirían informes que cuestionan dicha condición. También se menciona la situación de Héctor Osses Yáñez, exoficial de Carabineros condenado en múltiples causas por desapariciones y homicidios durante la dictadura, quien busca acceder a beneficios similares. En este caso, se indica que el Programa inicialmente se opuso, pero posteriormente recibió la instrucción de no continuar interviniendo.
Las autoras del documento aseguran que estas decisiones no han sido informadas directamente a las familias de las víctimas, quienes se habrían enterado a través de los propios abogados.